Al Gobierno le queda un mes para enviar a la Comisión Europea (CE), el próximo 15 de octubre, un Plan Nacional de Reformas en el que detalle todos los proyectos y reformas estructurales que quiere financiar con cargo a los préstamos habilitados por Bruselas en el Fondo de Reconstrucción.
De los 750.000 millones de euros que va a poner en circulación la UE en forma de préstamos y subsidios, a España le corresponden 140.000 millones. De ellos, un máximo de 72.700 millones llegarán en forma de ayudas directas, pero para poder acceder a esa cuantía el Ejecutivo tendrá que justificar céntimo a céntimo en qué gastará ese dinero, y necesitará que el resto de países estén de acuerdo. Si no invierten en lo acordado, no recibirán los fondos.
La cuenta atrás se vive con inquietud entre los grandes empresarios de este país, según ha podido saber Vozpópuli. Desconfían de la capacidad del Gobierno para diseñar esos programas acorde a las exigencias de Bruselas y llegar a entregarlos en tiempo y forma.
La propia situación del Ejecutivo, con divisiones no sólo entre los ministros de los dos partidos que lo integran sino también desavenencias entre las ministras de la facción socialista -Economía, Hacienda, Transición Ecológica e Industria- ponen más presión a Pedro Sánchez y su gabinete, y generan mala sensación entre quienes saben que los fondos de la UE son imprescindibles para España.
Tampoco tranquiliza en exceso que la gestión de los fondos recaiga en el Gabinete del presidente, liderado por Iván Redondo y su director de asuntos económicos, Manuel de la Rocha, quienes canalizarán la gestión de esos fondos y proyectos, asesorados por representantes de la CEOE y de las empresas más representativas del Ibex 35.
Requisitos de las reformas
La Comisión Europea ya dio pistas en mayo y después en julio de lo que esperaba de esas reformas. En primer lugar, tenían que estar alineadas con los objetivos de la Unión, es decir: promover la digitalización, la transición ecológica, la inversión en I+D+i, la ciencia o la formación profesional; pero, además, debían tener en cuenta las reformas que Bruselas lleva años pidiendo a algunos países como España y en las que apenas han avanzado en los últimos años.
Entre éstas figuran: solucionar el problema de precariedad y temporalidad del mercado laboral; desarrollar infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías; mejorar la eficiencia del gasto público -para lo que le recomienda, entre otras cosas, aplicar las conclusiones de los estudios de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)-; encauzar la cuentas públicas para garantizar la sostenibilidad presupuestaria; reformar el sistema público de pensiones para hacerlo sostenible; invertir en I+D+i; luchar contra el abandono escolar; y reducir la pobreza, entre otras.
Bruselas ha sido claro al explicar a todos los países que el dinero se liberará a medida que se consigan hitos -probablemente con dos pagos al año-, pero España quiere negociar en Bruselas para que el dinero venga por adelantado. Sólo así podrá financiar esas reformas sin tener que incurrir en más deuda.
La opinión de las empresas
Como ya avanzó este periódico en julio, la patronal de empresarios quiere asegurarse de que se tiene en cuenta su opinión sobre las reformas que necesita España, y el propio presidente, Pedro Sánchez, es consciente de que hace falta un equipo reducido que se ocupe de esta tarea tan importante.
Para facilitar la coordinación, Hacienda ha pedido a todos los Ministerios y organismos públicos una lista de los proyectos de su rama que podrían ser financiados por Bruselas, para que el Ejecutivo pueda tenerlos en cuenta y -en caso de seleccionarlos- la ministra pueda incluirlos en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Aunque el Gobierno está diseñando nuevos proyectos para financiar, también tiene intención de presentar a Bruselas medidas de este año, como la Ley del Cambio Climático aprobada en mayo, que podría ser considerada una reforma en el campo de la transición ecológica y ser susceptible de recibir financiación.
El dinero no condicionado
Además de esos 72.700 millones, España tendrá a su disposición 67.300 millones que se habilitarán en forma de préstamos.
Ese dinero sí se tendrá que devolver a Bruselas en el futuro, pero el país podrá utilizarlo para afrontar el fuerte incremento del gasto público necesario para pagar prestaciones por desempleo, pensiones, el Ingreso Mínimo Vital o cualquier otra contingencia.
