Los tribunales europeos se pronunciarán el próximo 13 de julio sobre el retraso por parte del Estado en el cumplimiento de la sentencia que le obligaba a reformar el sistema de estiba portuaria, que data de diciembre de 2014. Aunque dicha reforma ya ha sido aprobada y convalidada en el Parlamento, el expediente siguió abierto por lo que el Estado podría ser condenado a una multa que superaría los 25 millones de euros.
El fallo que se conocerá el 13 de julio corresponde a la segunda denuncia que presentó la Comisión Europea después de que el Gobierno español no hubiera aplicado la primera sentencia pasados unos meses del fallo. En esta segunda demanda, el Ejecutivo comunitario solicitó una sanción de algo más de 27.200 euros por cada día transcurrido desde la fecha de la sentencia, 11 de diciembre de 2014, hasta que se aprobara la reforma.
El Tribunal de Justicia de la UE deberá determinar en la segunda sentencia si la normativa aprobada se ajusta a lo requerido en la sentencia. Incluso aunque esto fuera así, el Estado podría ser igualmente sancionado con la multa mencionada, dado que no aplicó la sentencia a su debido tiempo. Antes de la aprobación y convalidación del Real Decreto-Ley de reforma de la estiba, el Gobierno ya fue advertido de que la resolución de los tribunales europeos por incumplimiento de sentencia era inminente.
Lo que sí podría evitar el Gobierno si el tribunal considera que la reforma está bien aplicada es una segunda sanción, consistente en una multa diaria de algo más de 134.000 euros hasta la aprobación de una normativa adecuada.
