El nuevo Ayuntamiento de Madrid prosigue estudiando la forma de modificar el plan de restricciones de acceso de vehículos al centro de la capital, conocido con el nombre de Madrid Central. La intención de la corporación municipal que lidera José Luis Martínez-Almeida no pasa en ningún momento por revocar la iniciativa pero sí en todo caso por modificarla. Y uno de los puntos candentes de debate es qué hacer con la Gran Vía, la única gran arteria de la ciudad incluida en el plano de Madrid Central y que podría ser excluida del mismo.
Madrid Central, una de las iniciativas estrella del anterior equipo de gobierno, capitaneado por la exalcaldesa Manuela Carmena, ha sido un asunto primordial para la nueva corporación municipal, hasta el punto de que una de sus primeras medidas, apenas unas horas después de la sesión de investidura, fue suspender cautelarmente las sanciones por atravesar la zona restringida con un vehículo no autorizado (básicamente, aquéllos que no disponen de etiqueta ambiental 0 o ECO), hasta decidir acerca del nuevo plan.
Pese al varapalo recibido por parte de la Justicia, que tumbó casi de inmediato la moratoria, el Ayutamiento capitalino continúa su ronda de consultas con los principales afectados por Madrid Central, principalmente vecinos y comerciantes de la zona, para definir las modificaciones que introducirá, una de las prioridades contempladas en el acuerdo de legislatura firmado por el Partido Popular y Ciudadanos poco antes del Pleno de investidura.
La modificación estelar que está sobre la mesa consiste en hacer posible que Gran Vía sea accesible para todo tipo de vehículos, aunque sus alrededores se mantendrían como hasta ahora, autorizados solo para el tránsito de coches bajos en emisiones de gases contaminantes y para los eléctricos (cero emisiones). Es decir, que la única posibilidad para el resto de vehículos sería atravesar en su totalidad la calle o acceder a algunos de los parkings que se encuentran en las calles adyacentes.
Una vía ya restringida
El argumento que se defiende desde el actual equipo de gobierno es que Gran Vía es la única de las grandes arterias de la ciudad que está dentro de Madrid Central, que está rodeada por otras calles muy transitadas de Madrid como el Paseo del Prado, Alberto Aguilera o Génova. Un contratiempo para los comerciantes de la zona, que denuncian notables descensos en la facturación de sus negocios desde que las restricciones de Madrid Central entraron en vigor.
Por otra parte, el Consistorio considera que la Gran Vía ya está suficientemente restringida como consecuencia de otra de las medidas destacadas de Carmena en materia de movilidad urbana, como fue el ensanchamiento de las aceras de la calle, en detrimento de un carril por sentido para los vehículos. El equipo de gobierno actual defiende que este factor provoca de por sí un efecto restrictivo.
Precisamente, este punto está relacionado con la preocupación acerca del impacto medioambiental que tendría sacar a la Gran Vía de Madrid Central. Durante los pocos días que la almendra central volvió a abrirse, las emisiones de gases contaminantes se incrementaron de forma considerable.
Destino final, los tribunales
El Ayuntamiento de la capital quiere evitar a toda costa una más que posible sanción por parte de las autoridades comunitarias por el incremento de la contaminación en la ciudad, precisamente uno de los factores que pesaron de forma decisiva para la implantación de Madrid Central.
La corporación municipal sostiene que la restricción natural que supone el estrechamiento de Gran Vía para los vehículos solventaría de forma parcial el problema medioambiental. La inclusión de la emblemática y centenaria calle en el plano de Madrid Central fue uno de los puntos más polémicos de la medida hasta el punto de que no fue bien visto incluso desde entornos favorables a la implantación del plan, como es el caso de las grandes empresas.
El debate se extenderá después del verano dada su complejidad, aunque la corporación municipal pretendía resolver la situación en los primeros meses de su mandato. El Consistorio es consciente de que cualquier modificación que efectúe en Madrid Central acabará en los tribunales de Justicia, con el precedente de la moratoria de las sanciones, que ha hecho que en los despachos de la Real Casa de Correos se dé alguna vuelta más de tuerca sobre posibles planteamientos acerca del futuro de la movilidad en el centro de la capital.
