La Fiscalía Anticorrupción quiere llevar la investigación de los sobresueldos en Caja Madrid fuera del caso Bankia. Así consta en un escrito remitido por el fiscal Alejandro Luzón, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que solicita la apertura de diligencias previas en los juzgados ordinarios de Madrid. El fiscal razona que las posibles irregularidades apuntadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no tienen nada que ver con las que ya analiza el Juzgado Central de Instrucción número 4, del que es titular Fernando Andreu, y además se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010, bajo la presidencia de Miguel Blesa. Por ello, Anticorrupción considera que tienen poco que ver con la investigación que ya se lleva a cabo en la Audiencia Nacional.
Por esta razón, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado en los juzgados ordinarios de Madrid una denuncia derivada del expediente sobre materia retributiva y de previsión social de la alta dirección de Caja Madrid que le fue remitido a finales del pasado mes de diciembre por el FROB, que refleja un perjuicio económico estimado para la entidad de 14,8 millones de euros.
De este modo, y según fuentes de la Fiscalía especial, el asunto -que ha sido llevado a reparto en los juzgados ordinarios- se investigará de forma autónoma a la causa que el juez Fernando Andreu lleva en la Audiencia Nacional sobre la salida a bolsa de Bankia y el uso de tarjetas opacas por parte de consejeros de esta entidad y de Caja Madrid.
En este sentido, Luzón adjunta a su escrito varios correos electrónicos entre directivos de Caja Madrid en los que se alude a las tarjetas black "que considera de interés para la instrucción" de esta nueva causa. Uno de ellos es el que el secretario del consejo de la Caja Enrique de la Torre envió el 1 de septiembre de 2009 a su sustituto, poniendo en copia a Blesa, en el que desvelaba que los miembros de la Comisión de Control tienen "cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a afectos fiscales..." de 25.000 euros excepto el presidente, "que tiene una cobertura de 50.000". En él aseguraba que "todo ello tiene la bendición presidencial y (salvo las dietas y tarjetas de Pedro Bedia y Francisco Baquero) de la Comisión de Retribuciones".
El expediente de Caja Madrid remitido a la Fiscalía analizaba cuatro tipos de actuaciones concretas, en las cuales se habría podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de "percepciones excesivas", indica el organismo dependiente del Ministerio de Economía, que especifica que "en algunos casos" no existió además constancia del cumplimiento de trámites como el paso por los órganos de gobierno.
El fiscal incorpora a esta nueva causa varios correos electrónicos entre antiguos directivos de Blesa en los que se alude a las tarjetas 'black'
En concreto, el FROB subraya que en 2008 se aplicó a los miembros de la alta dirección de Caja Madrid una subida salarial "significativamente mayor" que la debida, que algunos casos llegó a superar el 26%. Para este incremento se tomaba supuestamente como referencia una masa salarial mayor que la realmente existente en ese momento. "El aumento global se repartió entre un menor número de miembros de la dirección", indica el fondo.
En cuanto a la retribución fija de esos directivos en tanto han estado vinculados a la entidad, indica que ha supuesto una posible percepción "indebida" para esas personas de algo más de 2 millones en conjunto y subraya que estos incrementos sirvieron de base para el cálculo de indemnización posteriores.
Por su parte, el salario variable de la alta dirección de Caja Madrid arroja un posible ajuste por "exceso de percepciones" de 1,8 millones ante el exceso de incremento salarial del punto previo, la ausencia de documentación que soportara la fijación de objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos en el período comprendido entre 2008 y 2010. "También en este caso se produjo un efecto sobre las indemnizaciones objeto de análisis", agrega el organismo.
Los informes también han detectado prácticas supuestamente irregulares en las aportaciones de los planes de pensiones. El FROB sospecha que se sustituía la parte que excedía del máximo deducible en el IRPF por una gratificación extraordinaria para los miembros de la alta dirección.
Esta gratificación se elevaba al bruto con el fin de que una vez practicadas las correspondientes retenciones se evitara el impacto fiscal a sus perceptores. Esta práctica ha podido suponer un perjuicio patrimonial de 1,84 millones de euros.
Finalmente, el fondo de reestructuración ha detectado posibles irregularidades en la extinción de varios contratos de altos directivos, así como en los pagos que se realizaron en conceptos como pacto de no recurrencias, bonus o indemnizaciones, especialmente entre 2009 y 2010. Estas prácticas podrían suponer un perjuicio económico para Caja Madrid de 9,1 millones de euros.
