El magistrado Eloy Velasco quiere saber si tras el pago de esos 6,4 millones de euros a la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad se encubre la financiación irregular del Partido Popular de Madrid. La UCO detectó dos movimientos sospechosos de dinero por valor de 4,5 y 1,86 millones de euros en los años 2008 y 2009 por parte de la Fundación Caja Madrid al organismo creado por Aguirre. 

Los acusados de las 'black' se han presentado ante el tribunal como víctimas de un "linchamiento mediático y social" en los dos últimos años. También han defendido su trabajo en Caja Madrid y Bankia, ignorando las consecuencias de las políticas tomadas por la entidad para preferentistas, accionistas y contribuyentes.

Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, manifestó a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que le tomaron declaración el pasado 19 de mayo que Caja Madrid propuso un pacto al Banco de Santander, al BBVA, al Banco Popular y a La Caixa para enfrentarse a Luis Pineda, presidente de Ausbanc, y hacer frente a sus extorsiones en forma de contratos de publicidad. Sólo el BBVA contestó afirmativamente.

La fiscal Belén Suárez sostiene que no es competencia de la Audiencia Nacional investigar las hipotecas sobrevaloradas que Caja Madrid concedió entre los años 2003 y 2009 cuando Miguel Blesa presidía la extinta entidad. En tres informes enviados al Juzgado Central Número 5 a lo largo de los años 2014, 2015 y 2016, la Fiscalía se opuso a investigar las hipotecas dadas por dicha entidad en plena 'burbuja inmobiliaria'.

La causa que investiga el uso por parte del expresidente de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato y su antecesor en el cargo, Miguel Blesa, de las 'tarjetas black' opacas al fisco no es la única que tienen abierta los dos altos cargos de la banca. Blesa se encuentra bajo la lupa judicial en otros tres procedimientos, aún en fase de instrucción, mientras que el patrimonio de Rato está siendo investigado por los Juzgados de Madrid.

El magistrado dicta una providencia en la que reclama a la fundación heredera de la entidad y a la Agencia Tributaria que le remitan "a la mayor brevedad posible" la documentación que les pidió el 14 de septiembre y el 7 de octubre pasados. Forman parte de las últimas diligencias "encaminadas a preparar el juicio oral" que pidió para poner punto y final al sumario sobre las polémicas visas opacas. 

Rafael Torres, consejero de la entidad por el sindicato, alegaba para solicitar el sobreseimiento que los 79.076 euros que dilapidó entre 2003 a 2007 con su 'visa opaca' habían sido destinados a pagar gastos de su organización. En dicho escrito reconocía que pasaba por duplicado el coste de sus desplazamientos como miembro de la Comisión de Control de la entidad. Fiscalía se apoya en esa confesión para oponerse a sacarle del sumario ya que considera que la misma" fortalece y ratifica los indicios de criminalidad" que ya pesaban sobre él.