La decisión del juez Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, de proponer juzgar a 66 imputados por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia ha desatado una avalancha de recursos de apelación que tratan de revocar esta decisión del instructor. Una de las últimas ha sido la del exministro Virgilio Zapatero, quien en su recurso, al que ha tenido acceso Vozpópuli, denuncia sufrir "una indudable indefensión formal y material" ya que ha sido imputado sin que en su opinión se hayan aportado indicios suficientes ni se hayan tenido en cuenta sus alegaciones y explicaciones.
Para motivar su indefensión, los representantes de Zapatero aluden a que el reciente auto en el que Andreu proponía la apertura de juicio oral reproducía básicamente la denuncia inicial de la Fiscalía. Es decir, que todos los meses de instrucción, la pruebas y las declaraciones practicadas, no habría sido tenidas en cuenta. "Si las diligencias practicadas en instrucción no han aportado nada más, ni nada distinto a lo denunciado, pareciera que han sido inútiles los meses de instrucción", explican.
"Si las diligencias practicadas en instrucción no han aportado nada más, ni nada distinto a lo denunciado, pareciera que han sido inútiles los meses de instrucción"
El auto de propuesta de apertura de juicio oral hace mención en numerosas ocasiones a las diligencias e instrucciones practicadas, pero en opinión de Virgilio Zapatero esta apelación "resulta engañosa y falsa", ya que según denuncian en el documento no se identifica ninguna de ellas. No se precisan por lo tanto, según su recurso de apelación, los indicios "concretos" que pudieran avalar que efectivamente el exministro imputado hubiera podido actuar de forma ilícita y dolosa. De hecho, el exconsejero asegura que en todo caso los gastos realizados con su tarjeta se ciñeron a los límites legales marcados por la propia entidad; es decir, que se trataban de gastos de representación inherentes al cargo de miembro del Consejo de Administración.
Zapatero además esgrime en su defensa el hecho de que en mayo de 2012, dos años antes de que estallase el escándalo, fue él mismo por propia iniciativa el que devolviera el dinero gastado con su tarjeta de Caja Madrid. Fueron unos 27.980 euros, "ante la falta de entrega de un documento (que había solicitado con insistencia) de autorización o aprobación de tales disposiciones", según el escrito de apelación remitido a la Audiencia Nacional. En su opinión la devolución previa de lo gastado demostraría la ausencia de dolo por parte de Zapatero, algo que ignora en su auto el juez Andreu.
Acusan a Andreu de ignorar las pruebas
Junto a Virgilio Zapatero, numerosos antiguos consejeros de Caja Madrid y Bankia han remitido también sus propios escritos de apelación. Es el caso por ejemplo de Jesús Pedroche exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, que se ha adherido a las apelaciones de Javier López Madrid, José María Arteta Vico y Gonzalo Martín Pascual. En dicho recurso, los antiguos consejeros de Caja Madrid y Bankia replican que a su juicio no es cierto que las tarjetas fueran emitidas fuera del circuito ordinario, ni que no existiera soporte contractual sobre su existencia, así como la afirmación de que "la utilización de las tarjetas no tenía como finalidad los gastos de representación o gastos relacionados con actividades profesionales de los disponentes", y acusan a Andreu de ignorar las pruebas practicadas que contradirían estas acusaciones.
Otro antiguo consejero, Alberto Recarte, ha remitido otro escrito de apelación en el que critica al instructor por no haber practicado algunas diligencias "que las defensas de los imputados considerábamos tan útiles como pertinentes". Recarte también acusa al magistrado de malinterpretar el concepto de gastos de representación (sobre el que se basa para entender que los consejeros no lo cumplían), ya que en opinión de éste ha quedado probado que las tarjetas llamadas black correspondían a gastos de representación "de libre disposición", avalados por la ley del IRPF.
Otro antiguo consejero, Alberto Recarte, acusa al magistrado de malinterpretar el concepto de gastos de representación
"Que el límite de gasto fuera solo cuantitativo y no cualitativo no convirtió el gasto en irregular, que es la tesis del auto apelado. Muy al contrario, el hecho de que por parte de Caja Madrid, titular de la misma, se entregara la tarjeta a los consejeros y a los miembros de la Comisión de Control, pero sin que jamás se les pidiera justificante del gasto, hace que ese gasto de representación se considere, lo mismo que se sigue haciendo, como remuneración", añaden los representantes de este economista.
De "indefensión" tilda su situación el también exconsejero José María de la Riva, en su recurso de apelación, toda vez que no está motivada a su parecer la comisión de los posibles delitos imputados. "Esta resolución se limita a dar, sin más, e injustificadamente, por ilícitas las cantidades certificadas, en cada caso, por la entidad BANKIA respecto de los cargos de las tarjetas de crédito, sin discriminar los que obedecen a gastos personales y propios, de los causados en el ejercicio de la función de Consejero o Administrador de la entidad, conteniendo una mera referencia genérica y formularia de tal modo que, de su lectura, resulta absolutamente imposible conocer si, en lo que a mi representado se refiere, las cantidad atribuida pertenece a una u otra categoría", indican los abogados de De la Riva, quienes niegan por ello que se haya demostrado ningún indicio de criminalidad.
También ha apelado el antiguo miembro de la Comisión de Control, Tomás Cruz Orive, quejándose de que se le acusa de actuaciones y delitos de forma tangencial y genérica. "No existe una mínima referencia a qué hechos y actuaciones concretas son las que determinan su condición de imputado, más allá de referencias extremadamente genéricas, que vulneran la finalidad de identificación y concreción fáctica que exige el auto", lamentan sus abogados, quienes reclaman una valoración concreta de las diligencias practicadas en la instrucción, así como motivaciones individualizadas de cada uno de los imputados.
