La Sala de la Audiencia Nacional tendrá la última palabra sobre si continuar o no con la investigación judicial que pesa contra una veintena de antiguos altos cargos de Caja Madrid sobre las supuestas sobretasaciones en las hipotecas de la antigua entidad madrileña. El pasado 8 de junio el juez Antonio de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5, decidió ampliar con 18 meses adicionales el plazo máximo de instrucción de 6 meses forzado por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), si bien esta decisión será sometida a la ratificación de los magistrados de la Audiencia Nacional.
Y es que los distintos recursos presentados por los investigados han elevado la decisión a la Sala de la Audiencia Nacional, formada por entre 10 y 15 magistrados, que tendrán que sopesar si, como sostiene el juez De la Mata, hay motivos para continuar la instrucción debido a que la especial complejidad de la misma obliga a extender el plazo de manera excepcional. Así lo han señalado a este diario fuentes jurídicas próximas al caso, en el que están imputados antiguos altos cargos de la entidad, como el expresidente Miguel Blesa o el exdirector de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj.
El juez De la Mata investiga desde el pasado marzo unos presuntos delitos de estafa, administración desleal, falsedad documental y asociación ilícita relacionada con las hipotecas de Caja Madrid. La querella, presentada formalmente por dos accionistas de Bankia, cuenta con el apoyo implícito y explícito de colectivos del 15-M (el Tribunal Ciudadano de Justicia). Acusan a la cúpula de la antigua caja de ahorros madrileña de conceder entre 2003 y 2009 créditos hipotecarios con tasaciones sobrevaloradas que nunca debieron haberse firmado, de forma que habrían colaborado en la creación de la burbuja inmobiliaria española y, de paso, en la generación artificial de beneficios para la entidad.
Una estrategia para descubrir deuda "ilegítima"
Parte de la estrategia de los querellantes reside en el objetivo de encontrar lo que consideran deuda ilegítima contraída por el Estado y que no debería ser pagada. En opinión del colectivo que ha llevado a Blesa y algunas de sus personas de confianza ante los tribunales una parte esencial de la deuda pública "odiosa" se ha generado de forma ilegal, por lo que creen que sus responsables deben responder ante la justicia. "En el caso de Caja Madrid estamos hablando de cerca de 26.300 millones de euros aproximadamente" que habrían acabado yendo a déficit público tras el rescate a BFA-Bankia, señalan fuentes del mismo.
Tras la apertura de la instrucción, el juez De la Mata ha ido solicitando distintas pruebas y declaraciones testificales de imputados, si bien el escaso margen que da la nueva LEC (apenas seis meses para resolver una instrucción) han forzado al magistrado a tramitar una ampliación extraordinaria ante la complejidad del caso, de forma que podrá proseguir con su investigación hasta diciembre de 2017. Siempre que la Sala confirme su decisión.
