Cabezas de turco. Así se ven gran parte de los 65 acusados de las 'tarjetas black'. En sus declaraciones de los últimos diez días han mostrado su malestar por el trato recibido por medios de comunicación, Bankia, el Fondo de Reestructuración (Frob), la Fiscalía Anticorrupción y la sociedad durante los últimos dos años. Incluso han llegado a advertir de posibles teorías de la conspiración, al percibir "cosas raras" en cómo se inició la investigación que les ha llevado al banquillo.
Dentro de esta línea argumental, los 65 acusados han hecho algunas afirmaciones sorprendentes durante las cerca de 30 horas que han declarado. Varios, como Arturo Fernández (que representó a CEIM en Bankia) y Rafael Torres (UGT), entre otros, defendieron la historia de Caja Madrid, a la que calificaron como "modélica" y que "ha hecho mucho bien a la economía madrileña".
Si bien el papel de cada uno es distinto -los consejeros de UGT eran los más beligerantes frente a la gestión de Miguel Blesa-, ignoraron con estas declaraciones todo lo que ha ocurrido en torno a Caja Madrid en los últimos años. Desde la emisión de preferentes de 2009, en la que tuvieron atrapado su dinero 300.000 inversores minoristas, muchos de los cuales todavía están pleiteando; hasta la salida a bolsa de Bankia de julio de 2011, en la que perdieron su inversión más de 200.000 accionistas, que han recuperado este año con la solución del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri.
Muchos de los que ahora se ven víctimas de una teoría de la conspiración tenían puestos en el consejo o el comité de dirección de Caja Madrid y Bankia cuando se tomaron estas dos decisiones ruinosas para sus clientes.
Los acusados ignoraron en sus declaraciones los efectos de emitir preferentes en 2009 y salir a bolsa en 2011
Lo mismo ocurrió con la política de concesión de créditos de Caja Madrid durante el mandato de los acusados de las 'black'. Un informe del Banco de España hecho público en el caso Bankia reveló que la caja concedió hipotecas por encima del 100% de tasación, sobrevaloradas y sin ningún tipo de control entre 2003 y 2009, lo que creó un problema incontrolable dentro de la entidad.
Frente a estas evidencias, Miguel Blesa explicó en su declaración que fue subiendo la asignación en 'tarjetas black' porque "había que acompansar las retribuciones al tamaño e implicación de una caja que triplicó su balance y aumentó su radio de acción". Rodrigo Rato añadió que cuando él tomó las riendas de Caja Madrid "era más grande la necesidad de atraer personas de otro perfil al consejo de administración y al comité de dirección". Lo que no ninguno ha asumido como su responsabilidad, aunque sea en parte, es el rescate público que posteriormente necesitó Bankia, de 22.000 millones.
Una caja privada que acabó en banco público
José María Arteta (PSOE) deslizó otra idea, cierta pero sorprendente. Como muchos otros, desvinculó su trabajo en Caja Madrid de lo que ocurrió posteriormente en Bankia, y recordó que la caja era "privada, no pública". No mintió, ya que las cajas eran por definición instituciones sociales de carácter privado. Pero la realidad es que eran controladas por políticos. En el caso de Caja Madrid, tanto Blesa como Rato son exponentes de ello.
En esta misma línea, Rodolfo Benito (CCOO) intentó dejar claro que "no se puede mezclar" el caso de las 'tarjetas black' "con la crisis financiera, es un tótum revolútum interesado". A su favor tiene que 15 millones no tumbaron a Bankia, pero sí son un símbolo de un "descontrol" que preocupó al exconsejero Virgilio Zapatero (PSOE).
López Madrid olvidó mencionar su papel en la decisión de Grupo Villar Mir de ir a la salida a bolsa de Bankia, en la que perdió 20 millones
Otro ejemplo de negación de la responsabilidad como consejero fue el de Javier López Madrid, ejecutivo clave en Grupo Villar Mir, de cuyo dueño es yerno. En su declaración, se quejó de que se le haya llevado al banquillo por 34.000 euros de gasto con la tarjeta opaca, cuando el grupo constructor invirtió y perdió 20 millones de euros en la salida a bolsa del banco, tras pedirle que no vendiera su posición en medio de las caídas. No comentó nada de su papel en la decisión de Grupo Villar Mir en acudir a la Oferta Pública de Suscripción (por la que ha demandado en los tribunales), ya que él era consejero de Bankia cuando se produjo la operación.
Los acusados de las 'black' tienen razón en que preferentes, salida a bolsa y caída de Bankia son cuestiones ajenas al proceso judicial por el que les juzgan. Pero forman parte del contexto y, sin estos hechos, nunca se hubieran investigado estas tarjetas que les tienen en la Audiencia Nacional.
