La Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado este martes la admisión a trámite de la querella contra 26 responsables de Caja Madrid y su filial tasadora (Tasamadrid) por presuntos delitos de sobrede fraude y estafa relacionados con las hipotecas de la antigua caja de ahorros madrileña. Los jueces de la Sala han admitido así los recursos presentados por uno de los imputados (el exdirector financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj) y al que se adhirió la Fiscalía, por lo que han dado carpetazo a una investigación abierta hace apenas unos meses por el titular del Juzgado de Instrucción Nº5, Antonio de la Mata, por posibles sobretasaciones en la concesión de préstamos para la compra de vivienda en una entidad que acabaría posteriormente nacionalizada.
Hace apenas unas semanas se supo que sería la Sala de la Audiencia Nacional quien decidiría la continuidad o no de la querella abierta por De la Mata, en lo que ha sido un enfrentamiento jurídico de casi tres años entre Anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción Número 5, tal y como ha contado Vozpópuli. Y la decisión de los magistrados ha sido clara: no admitir a trámite la querella "por falta de tipicidad penal de su contenido", tal y como consta en el auto. En el mismo, los tres jueces reconocen que los recursos de Barcoj y la Fiscalía presentan "poderosas razones" para desarmar los motivos por los que el instructor había decidido abrir una causa penal.
El cierre de este caso pone fin a un enfrentamiento jurídico de más de tres años entre Anticorrupción y el juez De la Mata
Desde el pasado mes de marzo, el juez De la Mata comenzó a investigar una querella por la concesión de hipotecas en Caja Madrid. Los querellantes denunciaban a 26 altos cargos de la entidad por haber tramado un sistema mediante el cual concedían préstamos hipotecarios sobretasando las viviendas, de forma que presuntamente lograban lucrarse en lo personal y presentar unos cada vez mejores resultados operativos, al tiempo que se debilitaba el balance de la caja, que posteriormente acabaría rescatada (una vez convertida en BFA-Bankia).
Entre los argumentos esgrimidos para cerrar el caso, los magistrados admiten que una discrepancia entre el precio de compraventa y una tasación puede deberse a causas que no tienen por qué ser delictivas. Entre los motivos puede estar, por ejemplo, el hecho no ilógico de declarar en la escritura un precio inferior a la operación de compraventa real. Los jueces además descargan de responsabilidad (penal) a los responsables de Caja Madrid por el hecho de que se detectaran en 2009 tasaciones de "baja calidad", toda vez que las mismas fueron detectadas "ex post", y una vez que el mercado de la vivienda ya había comenzado a desplomarse. "Lo que es difícil de probar se convierte en un delito imposible, máxime cuando la vigencia de la certificación tasadora concita un plazo de tres meses, lo que implica el reconocimiento de constante evolución del mercado inmobiliario".
Las cédulas, tabla de salvación de Blesa
Entre los argumentos manejados por Barcoj y la Fiscalía, y abrazados por la Audiencia Nacional para desmentir las hipotecas infladas, está el hecho de que las mismas dieron lugar "a la emisión de cédulas hipotecarias compradas por terceros (...) no constando perjuicio alguno en el tramo de esos tenedores que vieron satisfechas sus expectativas de retorno de la inversión". Es decir, que según los jueces el hecho de que se pudieran empaquetar y colocar a terceros dichos préstamos demuestra que no estaban sobrevalorados.
También desactivan los jueces el argumento de que posteriormente, y en buena parte debido a una cartera hipotecaria llena de morosidad, BFA-Bankia necesitó un rescate. En opinión de la Sala esto no supone en ningún caso el indicio de ningún ilícito penal. Además, reconocen a la antigua caja madrileña la voluntad de enmendar su deficiente sistema de valoración interna. Con el apoyo del Banco de España el modelo de scoring (cómo se evalúa cada operación de crédito) fue modificado en 2007, un año después de que el supervisor diera la voz de alarma. Así, ya en 2008 "se había reducido el número de operaciones forzadas", lo que en su opinión refuerza la idea de que no existía una voluntad defraudadora.
