Varios presos de ETA ya han puesto en marcha la maquinaria para acogerse a la reforma penitenciaria encubierta impulsada por el Gobierno que permitirá su reducción de condenas al modificarse el cómputo de las penas en Francia. Fuentes judiciales consultadas por Vozpópuli apuntan que, una vez hechos oficiales los cambios en el BOE, ya se han presentado varios recursos en este sentido, lo que supondría su inminente puesta en libertad. Los terroristas aún están a la espera del fallo, si bien aún no hay una fecha fijada en el horizonte.
Los presos de ETA encarcelados se acogen así al cambio legislativo impulsado por el Gobierno de coalición que, sobre el escaparate, se centraba en la transposición de una directiva europea para el intercambio internacional de información sobre antecedentes penales, pero que también incluía una modificación relacionada con el cómputo de penas. Estos cambios permite que los etarras que ya cumplieron condenas en Francia las convaliden en España, viendo así reducidas sus penas.
La modificación legislativa suscitó una airada polémica en esferas políticas, toda vez que el Gobierno satisfacía de este modo una histórica reivindicación de EH Bildu. Además, el Partido Popular y Vox votaron a favor de la iniciativa, al no advertir las consecuencias que supondría para las penas de los terroristas, lo que provocó críticas internas en ambos partidos. También generó indignación entre asociaciones de víctimas, acusando al Gobierno de incumplir su palabra.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ya alertó en el año 2022 de que un cambio legislativo en este sentido supondría beneficios para los presos de ETA. Del mismo modo, presentaron un dossier con la situación penitenciaria de una cuarentena de terroristas que cumplen condenas en cárceles españolas y que podrían acogerse a la iniciativa.
Los etarras beneficiados
De acuerdo a esta lista, hasta siete miembros de ETA quedarían en libertad inmediata o estarían a punto de hacerlo en caso de que la Audiencia Nacional resuelva a favor sus recursos, que resulta la opción más probable a tenor de los cambios introducidos en la legislación. Entre ellos hay algunos terroristas con un marcado historial de sangre.
Uno de ellos es Juan Ramón Casatorre, alias Zapata, quien participó en el asesinato del exdirigente popular Gregorio Ordóñez, del militar Mariano de Juan y del inspector jefe de la policía nacional Enrique Viyella. También Félix Alberto López de Lacalle, alias Mobutu, implicado en los crímenes contra tres guardias civiles: Avelino Palma, Ángel Prado y José Luis Vázquez.
Los otros terroristas que se verían beneficiados de forma inminente ante esta iniciativa serían Jon Mirena San Pedro, Balbino Sáez, Ismael Berasategui, Luis Enrique Garate y Gregorio Vicario, implicados en secuestros, intentos de asesinato y varios delitos relacionados con el terrorismo.
En el cómputo de terroristas también se incluyó inicialmente a Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, quien dirigió el brazo armado de ETA y participó en numerosos crímenes. La reforma legal, no obstante, no le incluirá finalmente. La Audiencia Nacional ya le descontó en el año 2014 la pena cumplida en Francia, fijando su salida en el año 2031.
Como contó Vozpópuli, hay otros dirigentes destacados de ETA en la lista de posibles beneficiarios de la modificación legislativa. Se trata de José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri; María Soledad Iparraguirre, alias Anboto; y Juan Antonio Olarra Guridi. Y así hasta alcanzar una larga lista de cuarenta terroristas que cumplen condenas en cárceles españolas.
Algunos de ellos ya han presentado sus recursos en la Audiencia Nacional, pero de momento no hay fecha de deliberación y el tribunal aún debe reunirse para marcar su posición ante cada uno de los casos.
