La Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo -encargada de coordinar la concesión de subvenciones a las comunidades autónomas- sigue utilizando los datos de población del año 1992 para decidir cómo distribuye los fondos por territorios, a pesar de que esta y otras variables han cambiado considerablemente en estos veintisiete años.
Este es uno de los muchos problemas que tiene actualmente la concesión de subvenciones en España, una labor opaca y caótica a la que se dedican anualmente más de 14.000 millones de euros, y que ha sido detectado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en el primer proyecto de la revisión del gasto público (Spending Review) que esta llevando a cabo la institución por encargo del Gobierno.
"Respecto a los criterios para la distribución territorial de los fondos anualmente, se desconocen y permanecen fijos desde 1992, a pesar de la diferente evolución por comunidades autónomas de población u otras variables relacionadas con esta política pública", señala la institución que preside José Luis Escrivá.
Fuentes de Fomento explican a Vozpópuli que el Ministerio sigue utilizando este criterio "porque ha sido acordado por las distintas Conferencias Sectoriales de Vivienda, Urbanismo y Suelo. Es ahí donde se deben acordar esos porcentajes de reparto. No hay más explicación que esa".
Esta Conferencia es la que más fondos concede en subvenciones: en el año 2017 entregó 321,6 millones de euros, mientras que la previsión que maneja la Airef para el año 2018 es de 350 millones. El hecho de que se utilicen los criterios de población de 1992 supone una reparto injusto de estos fondos por comunidades.
"Si comparamos los porcentajes de distribución de la conferencia sectorial con la variable población que podría ser un criterio relevante a tener en cuenta en el reparto, el peso de la población entre comunidades autónomas ha tenido un comportamiento diferente al de este porcentaje fijo. Si atendemos al número de hogares, que parece una variable que se aproxima más al criterio fijo, también tiene una evolución diferente", señala la Airef.
Reparto injusto
Entre las comunidades que se han visto perjudicadas por la inmovilidad de estos criterios figura Andalucía, porque su población ha pasado de representar un 17,9% del total de España en el año 1992 a acumular a cierre de 2017 un 21,4% del total, mientras que sigue recibiendo un 17,1% del total de los fondos de la conferencia sectorial.
Islas Baleares ha pasado de estar en una situación ventajosa (recibía un 2,4% de los fondos, cuando tenía sólo un 1,9% del total de población hace 27 años) a estar en posición desfavorable, ya que ahora cuenta con un 3% de la población del país y sigue recibiendo un 2,4% de las subvenciones.
Por el contrario, el Principado de Asturias se ha beneficiado siempre, ya que recibe un 3,5% de los fondos y su población suponía sólo un 2,8% del total en el 92 y ahora representa aún menos, un 2,6%.
Además del problema en el reparto de fondos, la Airef detecta otros fallos en la Conferencia Sectorial de Vivienda como que la mayoría de los puntos del orden del día que tratan en sus reuniones "son puramente de gestión", los debates sobre el Plan de Vivienda "no tratan todas las líneas del plan (política de vivienda, arquitectura y edificación, urbanismos y suelo, y actividades y servicios)" y la planificación de subvenciones "no incluye objetivos ni indicadores ni evaluaciones externas".
El caso de la Conferencia Sectorial de Vivienda es el único que ha desgranado con detalle la Airef, ya que ha sido el seleccionado como ejemplo, lo que sugiere la posibilidad de que existan problemas igual de graves en el reparto de subvenciones de otras políticas.
