Faltan casi tres meses para que los Presupuestos del año que viene recorran el trámite parlamentario del Congreso y el Senado y el Gobierno tiene, por tanto, tiempo suficiente para hacer guiños selectivos a los colectivos, funcionarios y pensionistas, que más disgustos pueden darle en las elecciones europeas de mayo, las primeras de alcance nacional antes de las municipales y legislativas de 2015.
Entre los pensionistas y los empledos públicos pueden mover más de 11 millones de votos
Solo los pensionistas mueven más de nueve millones de votos y el Gobierno es consciente de que el PSOE va a jugar fuerte su baza contra una reforma destinada a hacer sostenible el sistema de Seguridad Social y que rebaja en el horizonte temporal de varias décadas una partida que en 2014 consumirá más de 127.000 millones de euros. Para intentar desactivar la ofensiva del primer partido de la oposición y, de paso, arrastrar al acuerdo a Comisiones Obreras, la ministra Fátima Báñez no descarta aumentar las pensiones de viudedad por encima del 0,25% que ya se incluye en los Presupuestos que acaban de entrar en el Parlamento. La mejora afectaría a 2,3 millones de prestaciones y se complementaría con posibles ajustes en los ingresos que operan en el sistema de la Seguridad Social, algo que ha pedido al Ministerio de Empleo Ignacio Fernández Toxo y que podría servir para que su sindicato se distanciara del férreo rechazo que la reforma provoca en UGT. Fuentes gubernamentales apuntan que llevar a la central de Cándido Méndez al pacto va a resultar prácticamente imposible porque está en plena campaña de lavado de imagen como consecuencia del escándalo que salpica a su central en Andalucía. "Si conseguimos arrastrar al pacto a Comisiones, el PSOE quedaría colgado de la brocha", comentan en el PP.
El Gobierno ve todavía posible arrastrar a Comisiones Obreras al pacto en la reforma de las pensiones, dejando al PSOE "colgado de la brocha"
El Gobierno tiene también otra vía para contentar a los pensionistas eliminando la disposición adicional incorporada a los Presupuestos que aplaza un año más la aplicación de un coeficiente del 60% en caso de que el beneficiario sea mayor de 65 años y no supere el límite de ingresos para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad. Todavía no está decidido.
El PSOE esperaba ayer que la ministra de Empleo vendiera, sobre todo, los aspectos positivos de la reforma, pero se encontró con que Fátima Báñez expuso negro sobre blanco un panorama inquietante sobre el coste que tendría la no reforma: la Seguridad Social acumulará en 2016 un déficit de 36.500 millones de euros y entre el año pasado y éste se habrán sacado de la ‘hucha’ 24.000 millones, lo que dejará el fondo de reserva por debajo de los 60.000.
La ministra de Empleo dibuja un panorama inquietante: La Seguridad Social acumulará en 2016 un déficit de 36.500 millones
Además de los pensionistas, los Presupuestos traerán buenas noticias para los funcionarios y demás empleados públicos, antes de fin de año. A través de las enmiendas que se negociarán en el Congreso y en el Senado, el Gobierno estudia la recuperación de parte de los días libres que perdieron el año pasado. Disfrutaban de seis y se los dejaron en tres. Se trata de una compensación por la nueva congelación del salario, y ya van tres, prevista para 2014. Las mismas fuentes informan que el rescate de estos ‘moscosos’ conllevaría la contratación de nuevos interinos, sobre todo en las áreas de sanidad, educación y justicia.
La devolución de parte de los días libres suprimidos a los funcionarios el año pasado conllevaría la contratación de interinos en sanidad, educación y justicia
Por último, en la agenda del Gobierno se sitúa también la recuperación de parte de la paga perdida en las Navidades del año pasado, empezando por los 44 días devengados desde julio hasta la aprobación de la medida. La Central Sindical Independiente de Funcionarios va a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para presionar en esta misma dirección y si el Gobierno atiende su exigencia tendría que acudir a un crédito extraordinario de 1.500 millones que alguien podría interpretar como el pago a la resignación con el que los 2,5 millones de empleados públicos han acogido de nuevo la congelación salarial.
