El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a presentar un borrador de la reforma del sistema de financiación autonómica. Es una reforma que lleva pendiente desde 2015 y que parece que el Ejecutivo quiere dejar zanjada antes de que acabe la legislatura, según se lo ha comunicado a la Comisión Europea en la actualización del Programa de Estabilidad.
"En 2018 continúa el proceso iniciado en 2017 para la reforma del sistema de financiación autonómica", empieza diciendo el Gobierno en el documento de 112 páginas que envió a las autoridades comunitarias al filo de la medianoche del 30 de abril. El 21 de marzo, explica, acabaron los trabajos del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) y ahora le toca a la Administración Central presentar un borrador de la reforma a ese mismo Comité.
No se concreta la reforma, solo se explica que se fundamentará en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal. Y, sobre estos principios, asegurará un nuevo sistema "justo y equitativo". El borrador tendrá que ser discutido por el CTPE y después se elevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para negociarlo de forma multilateral con las comunidades autónomas.
Sin plazos
Según el Gobierno, se discutirá y votará la propuesta de reforma en el Consejo y, a partir del acuerdo del CPFF, se elaborará y aprobará el Proyecto de Ley de reforma del sistema, que se remitirá a las Cortes Generales para su tramitación y aprobación. Eso sí, en el documento no se incluye ni usa sola referencia temporal, así que no sabemos si el Gobierno quiere dejar lista la reforma ya en 2018 o si apurará a 2019.
Sin embargo, parece que el tema podría coger velocidad este mismo ejercicio, ya que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trasladó hace unos días a los presidentes autonómicos su intención de convocar el CPFF este mes de mayo, haya o no gobierno en Cataluña, para retomar esta reforma, que las comunidades reclaman enérgicamente desde hace tiempo.
La negociación no va a ser fácil porque el Gobierno necesita acuerdos con las CC.AA. y apoyos parlamentarios
En cualquier caso, será difícil llegar a acuerdos porque cada región tiene sus propios intereses, porque no queda mucho presupuesto tras las zanahorias electorales a pensionistas y funcionarios y porque el Gobierno no solo necesita consensos con las comunidades, también con los partidos cuando lleve un proyecto de ley al Parlamento.
De hecho, tenemos el ejemplo de los Presupuestos a la vuelta de la esquina. Al Gobierno le ha costado sangre, sudor y lágrimas asegurar los apoyos para validar las cuentas. Y sobre todo, dinero. El PNV ha arrancado al Gobierno 1.500 millones más en el Presupuesto para subir todas las pensiones al menos un 1,6% y volver a actualizarlas al IPC en 2019.
Además, hay temas espinosos sobre la mesa que separan mucho a las diferentes regiones, como la eventual condonación de parte de la deuda autonómica. Parece que la idea del Gobierno es que las comunidades más saneadas, que cumplan con los objetivos de déficit, tengan facilidades para refinanciar su deuda con el Estado, aunque, como era de esperar, esto no satisface a todas las regiones.
