El plan de rescate de las concesionarias de autopistas de peaje en quiebra costará menos de lo previsto, concretamente un 28%. Al menos, de este modo se ha comprometido el Gobierno ante la Comisión Europea en la revisión del Plan de Estabilidad que cocinó hasta la ultimísima hora de este lunes para remitirlo a Bruselas. En ella se detalla, entre otras cuestiones, de dónde saldará la partida extra para la subida de las pensiones acordada in extremis por Moncloa con el PNV a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
A finales de la semana pasada, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ya adelantó que el rescate de las radiales tendría su cuota de protagonismo en el ajuste que el Ejecutivo había logrado realizar para poder llegar al citado pacto con los nacionalistas vascos, cuyo punto fundamental era una subida del 1,6% de las pensiones para el año en curso y en línea con el IPC para 2019.
No obstante, ha sido el Plan de Estabilidad actualizado el que ha facilitado un dato concreto. Dentro del capítulo de gasto en inversiones, el documento detalla que "contempla 1.800 millones de euros para atender la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores, lo que supone una revisión a la baja de este gasto contingente en base a la última información disponible por la IGAE, órgano responsable de auditar la citada RPA".
De hecho, la última cifra manejada por el Gobierno para asumir la RPA se situaba en el entorno de los 2.500 millones de euros. Un guarismo que no sólo se contemplaba en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas el pasado año sino que también había sido manifestada en público por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, como tope para acometer la operación.
"En ningún caso, el coste de la recuperación del control de las concesiones por parte del Gobierno se irá por encima de 2.500 millones", apuntó el titular de Fomento cuando se estaba en plena negociación con los acreedores de las concesionarias para tratar de llegar a un acuerdo sobre el montante de la compensación.
Optimismo para la relicitación
La revisión del Plan de Estabilidad también recuerda que el Gobierno está trabajando en la relicitación de las concesiones cuyo control está recuperando a lo largo de las últimas semanas. "Se está trabajando para poder llevar a cabo la relicitación de dichas autopistas en 2018, lo que compensará parcialmente dicho gasto, estimándose los posibles ingresos cerca de 1.000 millones de euros".
De hecho, la cifra de 1.000 millones se encuentra en la parte más elevada de las previsiones que contempla el Ejecutivo para este proceso. Al inicio del proceso de reversión de las concesiones al Estado, hace apenas unas semanas, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, indicó que la estimación del departamento contemplaba una horquilla de entre 700 y 1.000 millones de euros. Este último extremo fue calificado por entonces como optimista.
La hoja de ruta de Moncloa para este proceso contempla poder llevar a cabo la relicitación antes de que finalice el presente año. Aún no se ha recuperado el control de todas las concesiones (el proceso judicial del concurso de la AP-41 –Madrid-Toledo- está más retrasado en el tiempo) y el Gobierno tiene un plazo de seis meses para el cálculo definitivo de la RPA.
Alfombra roja a los tribunales
Por el momento, trabaja en los pliegos de las licitaciones. Todo apunta a que las nuevas concesiones saldrán a concurso en dos lotes, aunque las condiciones definitivas aún están siendo evaluadas por Fomento.
La revisión a la baja de la RPA hace que se incrementen las posibilidades de que el rescate de las concesionarias en quiebra acabe en los tribunales. El Gobierno no fue capaz de convencer a los fondos acreedores para pactar una compensación. Las cantidades ofrecidas superaban de forma notable los 1.800 millones que se estiman ahora.
El propio secretario de Estado de Infraestructuras apuntó en un desayuno organizado por Vozpópuli que los acreedores tenían derecho a iniciar un procedimiento contencioso administrativo si no estaban de acuerdo con el cálculo de la RPA. "Esperamos que no sea así, pero si hay desacuerdo podría ponerse en marcha la vía jurídica", aseguró Gómez-Pomar. Tras esta última revisión, toda apunta a que así será.
