España acumula 25 condenas en tribunales internacionales por las primas a las renovables que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que luego retiró el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El actual Gobierno de Pedro Sánchez no quiere pagar una factura que ya ronda los 1.500 millones de euros y apuesta pone todos los recursos posibles en manos de la Abogacía del Estado para evitar estas sentencias.
Y, ante la avalancha de nuevos casos que se avecinan, los funcionarios públicos buscan, una vez más, los servicios de externos que defiendan sus causas. La dirección adjunta de Medios Personales y Materiales de la Abogacía General del Estado ha lanzado cuatro contratos por un valor total de 911.000 euros para reclutar a los mejores abogados y expertos internacionales.
Su primer contrato, con el que todavía no ha logrado un adjudicatario, busca un experto económico financiero para apoyar la defensa del Reino de España en la demanda de la empresa alemana WOC Photovoltaik. Esta empresa lidera a un grupo de compañías alemanas y españolas que presentaron en 2022 una demanda de arbitraje de inversiones contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial, en relación con su inversión en compañías de generación de energías renovables.
Estas empresas recurrieron al Tratado de la Carta de la Energía (TCE) para defender su inversión. En 2023, el CIADI formó su tribunal para afrontar este arbitraje. La Abogacía del Estado tiene 656.000 euros para lograr un un experto económico financiero para defenderse de esta causa, otros 45.000 euros para contratar un experto en derecho regulatorio y 80.000 euros para contratar otro despacho o consultores con conocimiento en derecho de la Unión Europea que pueda disputar la causa de WOC Photovoltaik.
A este presupuesto hay que añadir otros 130.000 euros que la dirección adjunta de Medios Personales y Materiales de la Abogacía General del Estado dedicará a encontrar un perito financiero para afrontar su batalla judicial con la energética portuguesa Cavalum. La compañía obtuvo en septiembre de 2022 una compensación de nueve millones de euros en su demanda contra España en el arbitraje que presentó en 2015 ante CIADI relacionado con las reformas del gobierno español a las energías renovables.
La compensación concedida en el laudo estaba muy alejada, no obstante, de las pretensiones de la energética de unos 60 millones de euros. Cavalum y España presentaron sendas solicitudes de anulación por disconformidad en julio de 2023. Y la batalla continúa entre ambas partes.
El Gobierno no quiere pagar
La estrategia del Gobierno de España de negarse a pagar los laudos internacionales que condenan al Gobierno español por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables está generando importantes sobrecostes económicos, en concepto de intereses financieros y de gastos judiciales.
Las 25 condenas que ya se han conocido imponen más de 1.200 millones en concepto de indemnización, cifra a la que hay que sumar 250 millones por los intereses de demora, condenas en costas y gastos en consultores y abogados que contrata el Gobierno.
El Gobierno de España sigue sin cumplir las sentencias. Una estrategia que sitúa a España como el país con mayor número de laudos pendientes de pago, por encima de Rusia y a la par con Venezuela, las empresas afectadas han embargado distintos bienes de España en Reino Unido y preparan acciones similares en Estados Unidos.
Una estrategia que sorprende, ya que solucionar este problema se considera asequible para el Gobierno de España. Las indemnizaciones reconocidas hasta la fecha suponen aproximadamente el 0,2% del PIB. Sin embargo, dejar que esta situación se siga enquistando solamente tendrá malas consecuencias para España.
