El Gobierno de Pedro Sánchez ultima un "paquete jurídico" que llevará al Consejo de Ministros para aclarar el galimatías de su reciente reforma del sector eléctrico. Los cambios en los que trabaja el Ministerio para la Transición Ecológica buscan corregir el polémico real decreto-ley impulsado por Sánchez para contener la factura de la luz. El decreto fue convalidado por el Congreso hace apenas una semana y será corregido en los próximos días. La normativa faculta al Gobierno a quedarse con parte de los beneficios extraordinarios de las eléctricas, lo que ha detonado una guerra entre el Ejecutivo y las principales empresas del sector.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se comprometió en el Congreso a matizar el real decreto ante la inseguridad regulatoria que ha generado en el sector. Una semana después de su convalidación, las principales empresas eléctricas siguen sin saber cómo y cuándo se va a corregir esta normativa que tanto les castiga. Fuentes del Ministerio admiten a Vozpópuli que Ribera y su equipo trabajan de forma acelerada en un “paquete jurídico” para presentarlo “en las próximas semanas” y aclarar el hachazo eléctrico.
“Es una precisión para dar rango de ley a la aclaración que solicitó Red Eléctrica y que, a su vez, se necesita para saber qué contratos de venta de energía a largo plazo se ven afectados por la minoración de ingresos previsto en el real decreto”, explican desde el entorno de Ribera.
Utilizar otro decreto para corregir
Sin embargo, fuentes del sector eléctrico aseguran a este diario que el Gobierno aprobará los cambios el próximo martes. Y que la corrección se incluirá como disposición adicional en un real decreto de otra temática que apruebe el Consejo de Ministros. Gobiernos de todo signo, tanto del PSOE como del PP, han usado este sistema en el pasado. Se aprovechan los reales decretos para incorporar disposiciones que modifican legislación de otro tipo. El Ministerio de Ribera ha declinado confirmar tanto el plazo como el método que utilizará para aprobar los cambios que prometió a las eléctricas.
El Gobierno de coalición utilizó esta fórmula para colar al exvicepresidente Pablo Iglesias y al exdirector de Gabinete de la Presidencia, Iván Redondo, en la comisión de control del CNI. Sánchez aprovechó el decreto de ayudas económicas por el coronavirus para modificar una ley del 2002. El Tribunal Constitucional anuló recientemente estos nombramientos como inconstitucionales al considerar que el Gobierno no había justificado la "extraordinaria urgencia y necesidad" para introducir este cambio en el real decreto.
El principal problema de todo este baile de cambios del polémico real decreto ley, donde se pretende quitar los ingresos extra de las eléctricas por los elevados precios del gas, es que el 15 de noviembre se empezará a cobrar esta ‘extra’ a las empresas. Red Eléctrica reclamará a empresas como Iberdrola, Endesa o Naturgy, bajo la supervisión de la CNMC, unos ingresos que según la normativa actual provocaría un pago mensual de cerca de 1.000 millones de euros a cada gran eléctrica.
El problema es que las empresas tienen que presentar en las próximas semanas la documentación a Red Eléctrica sin saber cómo les afecta. Este “paquete jurídico” busca resolver todo el malestar del sector con esta normativa sin tener que sacar un nuevo real decreto ley que tenga que necesite una nueva luz verde del Congreso. “No se ha decidido todavía cómo se va a tramitar esta matización jurídica, que irá de la mano de un nuevo sistema de protección de los consumidores vulnerables”, explican fuentes cercanas al equipo de Teresa Ribera.
Desde el mercado adelantan que este "paquete" dejará fuera de la minoración de estos beneficios a los contratos bilaterales anteriores al 14 de septiembre. También a los futuros acuerdos que firmen las empresas con sus clientes y que no recojan el elevado precio del gas.
El Gobierno quiere tregua con las empresas
"En las próximas semanas esperamos complementar con medidas adicionales este decreto para que se garanticen la cobertura a través de contratos bilaterales y precios razonables previos a la espiral del gas natural para la industria reforzando simultáneamente la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social", declaraba la ministra en el Congreso. Estas medidas adicionales, según apuntan fuentes del sector a este medio, constan de sacar del recorte de la retribución los acuerdos que mantienen las eléctricas con sus grandes clientes industriales.
El decreto de urgencia que puso en marcha el Gobierno el pasado 17 de septiembre, tuvo que ser matizado una semana después porque castigaba la producción de plantas fotovoltaicas o eólicas. Una matización, que no modificación porque tiene rango de ley, del real decreto-ley que dejaba al margen a los acuerdos intragrupos de las grandes eléctricas.
Ahora se quiere dar un 'status' jurídicos a todas estas correcciones de esta controvertida normativa que pretendía ayudar a bajar el precio de la luz. Unos cambios que llegarán, según insisten desde el mercado, 'incrustando' este paquete jurídico como disposición adicional a otro real decreto ley que tenga el Gobierno en marcha. Un 'parche' que pretende reducir la tensión con las empresas sin tener que volver al debate político.
