El Gobierno dio este jueves el pistoletazo de salida al diálogo social abriendo un total de cinco mesas de negociación para llegar a grandes acuerdos con los agentes sociales. Y uno de ellos, que está ya bastante avanzado, pasa por crear registros horarios en las empresas para limitar el fraude en la contratación y las horas no retribuidas a los trabajadores.
Tal y como confirman fuentes del Departamento que dirige Magdalena Valerio a este periódico, que las negociaciones están avanzadas y que hay bastante consenso, aunque se tiene que seguir trabajando en las mesas que se han abierto para concretar los sectores y los tipos de empresa en los que se podría aplicar, como las fábricas o en las oficinas.
Lo cierto es que no es una idea nueva, aunque actualmente solo se exige cuando se realizan horas extraordinarias. Además, el PSOE ya lo tenía en mente cuando aún estaba en la oposición. De hecho, en octubre de 2017 consiguió que el Congreso aprobara una proposición no de ley sobre este control de horas. Consiguió el apoyo de todos los grupos salvo el PP, que votó en contra, y la abstención de Ciudadanos.
En octubre de 2017 el PSOE consiguió sacar adelante una PNL en el Congreso para controlar las horas
La iniciativa pretendía modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores e incluir la obligación de registrar diariamente las horas trabajadas, incluyendo el horario concreto de entrada y salida de cada trabajador pactado en los convenios colectivos o contratos de trabajo. Además, obligaba a la empresa a conservar estos registros durante cuatro años para que estén a disposición de la Inspección.
Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), que se publicó precisamente este jueves, en el segundo trimestre los ocupados realizaron más de 6.800 horas extra y solo algo más de 3.800 fueron remuneradas. El resto, casi 3.000, no se pagaron.
No es la única medida que quiere pactar el Gobierno y sobre la que ya hay bastante consenso. La ministra dijo el jueves que hay mucho nivel de acuerdo con los agentes sociales para derogar los aspectos más negativos de la reforma laboral, como la prevalencia del convenio de empresa, la ultractividad o la limitación de las subcontrataciones.
Cinco mesas
Todos estos temas se tratarán en las cinco mesas de diálogo que ha abierto el Gobierno con sindicatos y empresarios: una de empleo y relaciones laborales, una de formación y cualificación profesional, una de Seguridad Social, una de igualdad y una de lucha contra la economía sumergida y el fraude laboral. Además, se creará un grupo de trabajo para la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que se adapte a las relaciones laborales del siglo XXI.
Aunque el clima de negociación es bueno, los sindicatos están metiendo prisa al Gobierno para que ponga ya en marcha las medidas que no requieren aportación presupuestaria, como podría ser este registro de horas. De hecho, el Gobierno aprueba este mismo viernes el 'Plan director por el trabajo decente' para el periodo 2018-2020.
En dicho plan se enmarcan actuaciones contra los abusos y el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial, contra el empleo irregular y la discriminación de género y medidas para regularizar la situación de los 'falsos becarios' y 'falsos autónomos', según el borrador.
El registro de las horas se podría integrar en el 'Plan director por el trabajo decente' que se aprueba este viernes
Se trata del plan que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en El País para luchar contra la explotación laboral, denominación que ha sido cambiada a 'Plan director por el trabajo decente' ante el malestar de las organizaciones empresariales y para recoger la denominación de 'trabajo decente' utilizada por la ONU y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este registro de las horas se podría acabar integrando en este mismo plan una vez que se acuerde con los agentes sociales, puesto que dicho plan se articula en torno a 10 grandes medidas operativas que velan por luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y las horas no pagadas o por corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de actividades.
