El Gobierno ha decidido que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) sea el encargado de analizar si los préstamos que superen los 50 millones de euros son aptos para entrar dentro de la línea de garantías del Estado creadas por la crisis del coronavirus. Según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, las entidades financieras sólo podrán dar el visto bueno a aquellos créditos que estén por debajo de la cuantía anteriormente mencionada, por lo que las líneas que necesiten las grandes empresas pasarán forzosamente por el Ministerio de Economia, máximo responsable en este área.
Estas garantías se crearon para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del Covid-19. La línea de avales tiene por objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.
Este martes, la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció los primeros 20.000 millones de euros en garantías. Una quinta parte de lo prometido que cubrirá el 80% del riesgo en pymes y autónomos en todas sus modalidades (nuevo crédito y refinanciación) pero que sin embargo, al resto -grandes empresas- sólo cubrirá el 70% de préstamos concedidos y el 60% en caso de renovaciones.
A su vez, se han creado dos subtramos de hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes y otra línea por el mismo importe para grandes empresas.
Montero explicó que una vez se agote esta primera aportación, el Gobierno irá añadiendo nuevas líneas, aunque también advirtió de que el Ejecutivo se reserva la potestad de poder cambiar las características de los avales por lo que en futuras emisiones, la banca podría asumir más riesgo.No obstante, fuentes financieras consultadas por este medio reconocen cierto pesimismo en el sector con futuras rondas. Se da por hecho que el Estado irá reduciendo progresivamente estas condiciones, siendo cada vez menos favorable para la banca.
Práctica prudente
Que el Gobierno haya puesto este cortafuego se puede ver como una medida de prevención lógica. Es normal que el Ejecutivo quiera tener control sobre la calidad del dinero que se da a las empresas porque ha puesto en juego el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Aunque los avales públicos han sido una medida común en otros países de la Unión Europea y similares en cuantía en proporción a su PIB, en España resultan mucho más peligrosos que en otros Estados como Alemania, que sí cuentan con margen presupuestario (superávit fiscal de +1,7% del PIB y deuda del 61,9% a cierre de 2018). Para los que han hecho sus deberes en época de crecimiento económico, será menos costoso liberar la artillería para contener esta crisis.
