Los antiguos franquiciados enfrentados a McDonald's por una cláusula del contrato, que consideran oculta e injusta, dan un paso más en la guerra contra la compañía y llevarán el caso al Tribunal Supremo, según las informaciones a las que ha tenido acceso Vozpópuli. El pasado 25 de octubre la Audiencia Provincial de Castellón falló en contra del primer franquiciado que había llevado a juicio a la multinacional y le pidió entonces 793.123 € con intereses anuales del 15%, que sumado a otros conceptos e intereses, podría llegar a los 4 millones. Esta decisión supuso un vuelco al criterio judicial de la jueza de primera instancia que falló en contra de McDonald's en 2021.

El fallo de la Audiencia Provincial pone contra las cuerdas a este franquiciado (y a otros que se encuentran en una situación parecida pero en un proceso judicial menos avanzado), que se quedaría al borde de la quiebra por la millonaria cantidad de dinero que le pide McDonald's al final de su contrato. Por ello, recurrirá la sentencia en el Tribunal Supremo.

Las fuentes consultadas explican a este periódico que la Audiencia Provincial primero tiene que resolver unas cuestiones técnicas posteriores a la sentencia que se han solicitado, y será entonces cuando empiece a correr el plazo para que el franquiciado de Castellón pueda que ir al Tribunal Supremo. Así, en cuanto se presenten las aclaraciones, el afectado tiene 20 días para presentar el recurso.

Todavía no se ha iniciado el plazo para poder recurrir al Alto Tribunal, "aunque es cuestión de semanas", pero el franquiciado ya está esperando para poder hacerlo porque en caso de que no lo hiciera, tendría que reconocer el pago a McDonald's y no dispone del dinero que le reclaman.

No es un caso único

Como ya contamos en este periódico, el caso de este antiguo franquiciado de McDonald's no es el único episodio en el que un empresario con licencia de explotación se enfrenta a la multinacional. De hecho, es un capítulo más de los conflictos judiciales de varios franquiciados con McDonald's.

Por ahora, al menos cuatro empresarios con licencia de la compañía han sido demandados y la justicia ha establecido que deben pagarle entre todos un montante de 10 millones de euros, sumando las cifras exigidas más intereses aparte. Se suman a él procedimientos de naturaleza similar de otros franquiciados en la Audiencia Provincial Civil de Madrid, así como otros casos menos avanzados en la provincia de Alicante y en Barcelona. 

Fuentes conocedoras de la situación han apuntado que los demás casos, en un estado menos avanzado que el de Castellón, seguirán el mismo camino que el castellonense si sus respectivas audiencias provinciales fallan a favor de McDonald's e irán al Supremo, donde confían que se unifiquen criterios, se firme jurisprudencia y se les dé la razón. Además, los perjudicados están seguros de que en los próximos años, si no se aclara la situación, el número de franquiciados que declarará la guerra a la compañía será mucho mayor.

El argumento que defienden los exfranquiciados es que en la sentencia de Castellón se reconoce implícitamente que no existe un contrato entre la multinacional y Havi, el operador logístico de McDonald's en muchos de sus grandes mercados, el motivo principal de las disputas. Pese a la supuesta falta de un contrato oficial entre Havi y la compañía de fast-food, los franquiciados se ven obligados a formar parte de un contrato que ni conocen expresamente ni es "oficial", algo que contradiría el Código Civil, que recoge, entre otras cosas, que "los contratos obligan [...] al cumplimiento de lo expresamente pactado".

La guerra de McDonald's con algunos franquiciados

La multinacional McDonald's está librando distintas guerras judiciales con varios ex franquiciados. Algunos de éstos se están encontrando con que, al final de su contrato de explotación con los estadounidenses (que tiene una duración de 20 años), aparecen enormes cargos económicos por servicios que McDonald´s había contratado con terceros a espaldas de los franquiciados y quedan con enormes deudas y riesgo de ejecución de sus bienes por parte de McDonald's. Por ello acusan a la compañía de haberles cargado durante años costes logísticos que supuestamente no venían en su contrato, conformando una especie de 'cláusula oculta'.

En esta historia hay tres protagonistas fundamentales: McDonald's, los franquiciados y Havi, el operador logístico de McDonald's en muchos de sus grandes mercados. Cuando un empresario individual firma un contrato con la compañía de fast-food, la multinacional sostiene que el contrato de franquicia les permite traspasar los costes generados en los contratos acordados con terceros para el cumplimiento de sus obligaciones de la franquicia, como el acordado con Havi, aunque dichas obligaciones no sean mencionados en el contrato explícitamente.

Así, según los demandantes, a pesar de que el franquiciado recibe su mercancía a través de Havi, una empresa en principio independiente a McDonald's, esta es contratada por la multinacional y no por los franquiciados ya que no se especifica en ningún punto del contrato que sea Havi la empresa logística y menos aún que el franquiciado esté obligado a "pagar el coste logístico de las entregas de productos".

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