El Estado arriesga mucho con el Plan de Recuperación, no sólo por las expectativas depositadas en él y por los problemas de gobernanza que pueda acarrear, sino por el propio sistema de gestión que ha ideado el Gobierno de Pedro Sánchez, que fía a las comunidades autónomas la responsabilidad de más del 55% de la gestión. Pero con unos fondos que el Estado ha adelantado previamente, y que puede a perder si no se implementan las inversiones comprometidas con Bruselas.
Las comunidades se encuentran desbordadas en la organización de la gestión de unos proyectos que se han diseñado sin tenerlas en cuenta y sin considerar sus necesidades y circunstancias específicas. "Una dificultad de tipo operativo que tienen estos fondos tal como se han planteado por el Gobierno es que los componentes o medidas que se contemplan tienen un diseño muy cerrado que apenas permite la automatización, es decir, que se dificulta y hace muy complejo el poder adaptarlos a nuestra propia dinámica de gestión y justificación", han trasladado desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Así, ponen de ejemplo programas de empleo para la mujer rural acotados a municipios menos 5.000 habitantes, requisitos que pueden ser útiles para algunas comunidades despobladas pero no para Andalucía, que teme que no va a poder ejecutar el dinero.
Otro proyecto que preocupa a algunas comunidades es el de las 42.000 plazas de Formación Profesional (FP) este año, 200.000 antes de 2023 que deben desarrollar, otro de los hitos.
En este escenario y ante la escasa ejecución del Plan este año, Hacienda habilitó una disposición adicional en los Presupuestos de 2022 que permite ejecutar fondos de 2021 el año que viene siempre que se hayan autorizado. El procedimiento va a ser llevarse al ejercicio siguiente los fondos que no se hayan podido implementar a través de la vía de la autorización. Sin embargo, este modus operandi tiene un límite temporal, máxime cuando este primer ejercicio ha estado más centrado en reformas que en inversiones.
En el caso de que una comunidad no logre ejecutar los fondos, fuentes consultadas de distintas autonomías creen que habrá consecuencias en forma de que se les detraigan fondos y partidas del sistema de financiación, extremo que confirman fuentes conocedoras: el Gobierno central intentará que sea el último recurso pero este escenario puede llegar una vez que las comunidades han asumido su responsabilidad en la ejecución del Plan.
Sin datos de ejecución real
Desde Hacienda trasladan las últimas cifras de desarrollo del Plan. Sobre un total de 24.198 millones, están autorizados 19.013 millones (el 78,6%), comprometidos 17.228 millones (el 71,2%) y se han asignado a las comunidades autónomas de estos últimos 11.247 millones. A falta de datos sobre la ejecución real, el Banco de España considera que entre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el React hay 9.200 millones de gastos reconocidos, de los que 2.000 corresponden al React, con lo que el MRR tendría unos 7.200 millones de gastos reconocidos. De lo que no hay datos desde agosto es de la ejecución real en términos de contabilidad nacional, de la que informó la IGAE que era hasta entonces de 104 millones. Se refiere a lo que ha ejecutado de forma finalista el Estado, sin contar transferencias a otras Administraciones.
