Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) consideró que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como la plusvalía municipal, es inconstitucional porque el sistema de cómputo objetivo no se corresponde con la realidad. Hasta ahora, la tasa se cobraba siempre, con independencia de que el inmueble se revalorizase o no.
Ahora, el departamento que dirige María Jesús Montero cambiará la norma, después del fallo del tribunal de garantías, pero según ha podido saber El Mundo, el Ministerio de Hacienda pudo haber reformado el impuesto antes. "Nuestros informes decían que esto había que hacerlo", reconocieron.
Tras esta anulación por parte del Constitucional, alcaldes del PSOE, del PP, de las coaliciones de Podemos y de las formaciones independentistas han pedido al Gobierno una solución, porque las cuentas de miles de consistorios están en peligro. Ante esto, Hacienda anunció que ultima "un borrador legal que garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos".
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid preveía recaudar casi 500 millones de euros en 2021. "Los ayuntamientos no tenemos capacidad para poder resolver el problema nosotros mismos", alegan desde la capital, al tiempo que reprochan a Pedro Sánchez que ponga en riesgo unos ingresos que, en toda España, "pueden superar los 4.000 millones".
Según el TC, ya advirtieron de este extremo en la sentencia de mayo de 2017, cuando declaró inconstitucionales otros dos artículos del real decreto, y en la del año 2019, cuando se declaró inconstitucional la plusvalía si la cuota era superior al incremento patrimonial.
Inactividad legislativa en el Gobierno
Así, el Gobierno estaba preparado para cambiar el cálculo de la plusvalía local desde mucho antes de la sentencia. Pese a esto, tanto el Ejecutivo del PP, que planteó la reforma pero no pudo aprobarla a tiempo por la moción de censura, como el del PSOE, no modificaron la legislación.
