Las centrales convocantes cifraron por encima del 76% el seguimiento del paro en toda España, pero el consumo de electricidad, el termómetro más objetivo para analizar el impacto de la huelga, demuestra que la convocatoria quedó muy por debajo de las expectativas sindicales. La demanda energética a mediodía fue casi un 13% inferior a la de la misma hora de un miércoles cualquiera, 4,3 puntos menos que la conocida en la también malograda huelga general del pasado 29 de marzo, la primera con la que los sindicatos recibieron a Mariano Rajoy. Son datos que demuestran el fracaso parcial de la protesta, que sí contó con mayor seguimiento en la industria y tuvo un reflejo bastante desigual en las diferentes comunidades autónomas. El respaldo implícito de la Generalidad catalana a la convocatoria y la propia dinámica de la campaña electoral hizo que la protesta tuviera mayor incidencia en Cataluña que en Madrid.
El Gobierno dejó la portavocía del seguimiento de la convocatoria en manos de Cristina Díaz, doctorada en victimología y directora general de Política Interior
En las propias centrales se achaca el bajo respaldo de la huelga en las tres administraciones no solo a las estrecheces económicas de los empleados públicos, remisos a perder un día de salario, sino también al descuelgue de la convocatoria del principal sindicato de funcionarios. El CSIF no apoyó la protesta, entre otras razones porque su dirección es consciente de que se avecinan momentos bastante más duros en el sector público como consecuencia del adelgazamiento de plantillas que prepara el Gobierno y hay que guardarse algunas cartas en la manga. El respeto a los servicios mínimos pactados en el transporte contribuyó a amortiguar los efectos de la movilización, como ocurrió también en otros sectores como el sanitario. En la mayoría de las ciudades los comercios abrieron sus puertas con normalidad, si bien en las grandes volvieron a hacer de las suyas los mal llamados piquetes informativos, una figura anacrónica que espera una legislación urgente por parte del Ejecutivo.
Las masivas manifestaciones celebradas por la tarde en toda España, en la que los ciudadanos eran conscientes de que no perdían ingresos, sirvieron para salvar parcialmente la cara a los sindicatos y camuflaron el fracaso de su segunda protesta contra el Gobierno de Mariano Rajoy en los últimos nueve meses. Conscientes del tropiezo, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, tendieron la mano al diálogo tanto al Gobierno como a la CEOE, donde se evitó hacer demasiada sangre con los convocantes.
En La Moncloa se concluye que los sindicatos han cometido con esta convocatoria fallida una enorme torpeza porque han quemado su último cartucho y también el poco prestigio que les quedaba. Pero Rajoy y su equipo impusieron ayer el perfil plano porque a fin de cuentas conviene tener a alguien capaz de canalizar, aunque sea de forma ten deficiente, el malestar social. El presidente se ausentó del Congreso, donde asistió a la votación presupuestaria, sin hacer comentarios y el seguimiento oficial de la convocatoria se dejó en boca de Cristina Díaz, directora general de Política Interior, una juez madrileña con un doctorado en victimología que puso voz infantil para leer las estadísticas de la protesta y armó la revolución entre los tuiteros.
En el Ejecutivo se opina que los sindicatos han conseguido un efecto boomerang, pues le han dejado un margen mayor para los nuevos ajustes
Ayer se respiraba tranquilidad en el Gobierno, pues el fracaso de la huelga general ha tenido lo que un ministro calificaba en el Congreso de “efecto boomerang”: a partir de ahora y en contra de lo que buscaban los sindicatos, se amplía el margen del Gabinete para afrontar los nuevos ajustes que podrían derivarse de una petición de rescate si empeora la crisis griega. Y ese colchón todavía resulta más mullido después del inesperado regalo que ayer tarde le hizo a España el comisario económico Olli Rehn, descartando exigirle nuevos sacrificios hasta 2014.
El ex presidente Felipe González, miembro de una sociedad de capital riesgo, calentó la convocatoria al afirmar que había motivos más que suficientes para secundarla
El parte de guerra también incluye consecuencias políticas. Buenas para el Gobierno, hábil a la hora de reconvertir la huelga general en un conflicto de orden público, con un balance de casi 150 detenidos, y preocupantes para el PSOE, consciente de que la recuperación de la sintonía con su base social tiene sus limitaciones si la canaliza a través de unos sindicatos que parecen obsesionados con devolver al país al mismo saco de Grecia y Portugal. Rubalcaba puso a casi toda su ejecutiva detrás de las principales pancartas mientras el ex presidente Felipe González, socio de una sociedad de capital riesgo, animó a participar en la huelga al ver motivos más que suficientes para secundarla. Los propios sindicatos, antes de que se consumara la convocatoria, abrieron un debate interno sobre el grado de responsabilidad que les incumbe ante el grave momento por el que atraviesa el país, pero no dio sus frutos. “El Gobierno se arrodilla ante Berlín, pero el pueblo español sigue en pié”, gritó Cándido Méndez a los manifestantes en la madrileña plaza de Colón como colofón a la protesta.
Grupos antisistema sembraron anoche el caos en el centro de Madrid y Barcelona
Después de las manifestaciones celebradas por la tarde en Madrid y Barcelona, grupos de vándalos antisistema tomaron la almendra de ambas ciudades y se enfrentaron con la policía sembrando el caos. El balance fue de casi 80 heridos. En la capital madrileña el objetivo volvió a centrarse en la toma del perímetro que rodea el Congreso de los Diputados, literalmente cercado durante todo el día por las fuerzas de seguridad. Una de las anécdotas de la huelga que más se enfatizó desde Comisiones Obreras fue la supuesta infiltración de policías entre los llamados piquetes informativos. Pobre argumento, se reconocía ayer en el PP, para justificar lo injustificable.
La jornada acabó con el clásico abanico de cifras de manifestantes ofrecidas por los sindicatos y las correspondientes delegaciones del Gobierno. En el caso de Madrid, el baile se sitúa entre el millón que calculan los primeros y los 35.000 de Cristina Cifuentes. Ahí es nada.
