Desde sus puestos de vicepresidente de CEOE y presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa tiene una visión panorámica de lo que se cuece en la economía española: desde los avances en las reformas pendientes (fiscal, laboral o pensiones) a la ejecución de los fondos europeos de recuperación, vitales para impulsar -y transformar- la economía. También conoce de primera mano el estado de ánimo de los grandes inversores. No en vano, es el máximo representante de Rothschild en España. Fernández de Mesa critica con dureza la nueva subida de impuestos que el Gobierno acaba de endosar a las empresas. Y advierte de que el castigo fiscal empuja a los grandes inversores a instalarse en entornos más "amigables".
Pregunta: Hacienda ya ha concretado la subida fiscal a empresas, inversores y grandes patrimonios. ¿Qué efectos tendrá sobre la actividad empresarial en España? ¿Puede ahuyentar la inversión un marco fiscal tan opresivo?
Respuesta: Desde luego, en el año en el que vamos a ingresar 35.000 millones extra por impuestos, con recaudación récord, con los tipos marginales más altos de Europa, y un impuesto de patrimonio que no existe en otro país de nuestro entorno, aplicar las subidas impositivas anunciadas, sabiendo que apenas tendrán impacto recaudatorio, lo que denota es mala fe. Lanza una señal muy negativa para los inversores, que buscan entornos amigables donde depositar su dinero. Con reformas fiscales como ésta, el talento se va a ir de España.
P: Paralelamente, Hacienda dará ventajas fiscales a autónomos y pymes, y a las rentas más bajas a través del IRPF. Sin embargo, no hay ningún beneficio para las clases medias. ¿Considera justa o poco equilibrada esta medida?
R: La rebaja fiscal que afecta a pymes y autónomos es claramente insuficiente y tendrá escaso impacto también, más aún si tenemos en cuenta cómo han subido la presión fiscal y las cotizaciones sociales en los últimos años.
P: La improvisación de nuevos impuestos (banca o energéticas) y las críticas del Gobierno a los empresarios ¿contribuyen a generar un clima de inseguridad jurídica? ¿Cómo se percibe España ojos de los inversores extranjeros?
R: Las propias instituciones europeas han ido anticipando cómo tenemos que actuar. Tenemos que ser mucho más selectivos desde el punto de vista del gasto. Un ejemplo es la bonificación a la gasolina. Igual habría que centrarse en colectivos más vulnerables. Los impuestos a banca y energéticas no cumplen ni con la Constitución, ni la legalidad ni la normativa europea. Serán recurridos en el futuro y probablemente se gane, y el Estado tendrá que devolver el dinero. Por supuesto, generan inseguridad jurídica, falta de transparencia de los ingresos públicos e incertidumbre para los inversores. ¿Quién va a invertir en un Estado que puede decidir en cualquier momento que los beneficios de una empresa son extraordinarios?
P: ¿Qué comentan en CEOE cada vez que el presidente del Gobierno llama a los grandes empresarios "los señores del puro"?
R: CEOE representa a dos millones de empresas y tres de autónomos. Muchas de las empresas son muy pequeñas y quieren abrir la persiana todas las mañanas y ganarse su sustento. Muchas tienen ingresos modestos, generan empleos, riqueza e ingresos tributarios, que sirven para pagar las pensiones, los salarios de los funcionarios o los beneficios sociales. Los empresarios merecen respeto y si no un apoyo, al menos que no impidan su desarrollo. Además, las empresas españolas han sufrido especialmente durante el Covid y no han recibido la misma ayuda que en otros países. También han sufrido un aumento significativo de los costes laborales y ahora una caída de márgenes por la inflación. Están siendo ya muy penalizadas. España es el único país junto a Portugal que no ha recuperado aún la renta anterior al Covid. Existe una relación muy clara entre el beneficio y la inversión, y la recuperación de la renta. Nuestras empresas no han recuperado ninguna de las dos cosas.
P: En los últimos días, algunos organismos han revisado a la baja sus perspectivas de crecimiento para España en el próximo año. El Gobierno, en cambio, mantiene firme su previsión del 2,7%. ¿Considera necesaria una revisión del cuadro macroeconómico de cara a la aprobación de los Presupuestos de 2023?
R: Se están revisando todos los escenarios macroeconómicos, con una gran presión a la baja. El entorno internacional es muy complejo. Tenemos una economía europea en claro proceso de estancamiento, con riesgo de recesión en países como Alemania por la insuficiencia energética. Tenemos en Reino Unido turbulencias financieras. Y una política monetaria en Estados Unidos muy resentida. El BCE está subiendo también los tipos de interés de una forma muy importante, con medidas para controlar la inflación que son necesarias pero tendrá una repercusión en la actividad económica. Nosotros creemos que la economía española crecerá más cerca del 1% que del 2% en 2023. Y si encima en España subimos los impuestos, previsiblemente la revisión del crecimiento económico deberá ser mayor.
La previsión de crecimiento económico que tiene el Gobierno no es realista
P: ¿Podríamos decir entonces que las expectativas del Gobierno son poco realistas?
R: Sí, el crecimiento previsto del 2,7% no es realista.
P: En materia de empleo, el Gobierno atribuye los logros de la afiliación a la reforma laboral pero hay quien también tilda esto de maquillaje estadístico...
R: El empleo se está comportando bien, la reforma realmente importante fue la que se hizo en 2012 y la del año pasado ha tocado algunas cuestiones muy específicas y se está viendo que efectivamente, la reforma que se inició ya hace unos años, ha tenido un buen impacto en el empleo. Si creemos que el nivel de actividad económica se va a desacelerar, también lo hará la creación de empleo y posiblemente el comportamiento del mercado de trabajo el próximo año sea peor. Pero sí esperamos que el mercado de trabajo sea resiliente y, dentro de lo que cabe, no aumente de forma muy significativa el nivel de paro. Pero, insisto, si nos empeñamos en poner palos en la rueda a las empresas, lógicamente el empleo se resentirá.
P: ¿Qué está pasando con los fondos europeos?
R: El nivel de ejecución de los fondos europeos es muy bajo y si seguimos en esta dinámica vamos a perder una oportunidad histórica para renovar nuestro sistema productivo. Sería una pena perder 70.000 millones en subvenciones, que serían muy bien recibidas por el sector privado. El punto positivo es que las empresas, ante la ilusión de pedir los fondos, han hecho un autodiagnóstico o revisión interna de qué necesitan para modernizarse y digitalizarse; y el negativo es que igual no lo hacen porque no van a tener los fondos. Las empresas están muy decepcionadas, esperaban grandes cosas de los fondos europeos y al final el dinero no está llegando. El Estado tiene que poner los recursos dentro de la Administración para acelerar el uso de estos fondos.
P: ¿Se va a quedar dinero sin gastar?
R: Si no cambian mucho las cosas, me temo que sí, pero al final somos dueños de nuestro propio destino y siempre se está a tiempo de introducir recursos que permitan el gasto eficiente.
P: Esa ilusión con la que se cogieron esos fondos se ha convertido en desencanto y puede llevar a los empresarios a rechazar esa vía, ¿no?
R: Los empresarios sí han hecho su trabajo, pero lejos de ayudarles con los fondos europeos se les está quitando recursos a través de mayores cotizaciones sociales y de mayores impuestos. Estamos remando en dirección contraria. Hay que ser coherente con la política económica.
P: Aunque nos encaminamos hacia ese escenario de estancamiento, casi de recesión, el mercado de deuda permanece tranquilo de momento. ¿Hay riesgo de sufrir una crisis tan fuerte como la de 2008?
R: Tenemos que ser conscientes de lo afortunados que somos de tener el paraguas europeo también en materia de deuda. Europa no es la Europa de hace diez años, ha avanzado mucho en el reforzamiento de las instituciones, se ha creado la Unión bancaria, tenemos mecanismos de apoyo para evitar el fraccionamiento de los mercados... Es decir, Europa tiene ahora las herramientas necesarias para evitar que haya una crisis de deuda. Esto no significa que no haya que tomar medidas para hacer que nuestra deuda y déficit público sean sostenibles, y es el principal desequilibrio de la economía española junto con el paro. Habrá que hacer un programa a medio plazo creíble, fundamentalmente revisando los gastos superfluos, que son muchos, para poder reequilibrar el déficit público. Posiblemente también haciendo una reforma fiscal que tenga unos impuestos más racionales, que recauden más y distorsionen menos la actividad económica.
Nos apretarán las tuercas en Europa o en los mercados, tener más déficit que crecimiento no es sostenible
P: En algún momento el BCE nos empezará a apretar las tuercas con las reglas fiscales, ¿no?
R: O nos apretarán las tuercas en Europa o nos apretarán las tuercas los mercados. Al final tener un déficit público por encima del 5% cuando crecemos un 4% este año no es sostenible, como tampoco lo es pretender hacer un presupuesto expansivo el año próximo si el déficit público es ya de por sí desorbitado y la deuda pública está en niveles muy elevados. Cuando uno quiere usar el presupuesto en momentos difíciles, tiene que hacer margen en momentos buenos; pero si uno se gasta el dinero en momentos buenos, se queda sin dinero para apoyar en los momentos difíciles y tiene que hacer políticas económicas procíclicas, que son las que no se deben hacer.
P: En algún momento habrá que tomar medidas contundentes por la vía fiscal y, por supuesto, por la parte del gasto. En el IEE habéis llegado a cuantificar la partida de gasto superfluo que puede recortarse. ¿Por dónde habría que empezar a meter la tijera?
R: Hemos hecho un decálogo de diez medidas y las vamos a desarrollar a lo largo de este año con informes que estamos ya elaborando. Por destacar algunas, por ejemplo, la duplicidad de gastos entre administraciones o la externalización de determinados servicios públicos. Una medida muy importante es la de establecer un esquema de gastos por objetivos y hacer un análisis de coste-beneficio; es decir, ver si realmente se pueden alcanzar esos objetivos con un menor nivel de gasto. Es algo que no se hace en nuestro país pero sí en otros, fundamentalmente en los países nórdicos, donde dan mejores servicios públicos con menos recursos.
P: ¿Deberían dar ejemplo las administraciones a la hora de apretarse el cinturón?
R: La política de gestos siempre es importante, pero también hacer una auditoría real del gasto público. El problema es que sólo se está hablando de aumentar los impuestos incluso cuando tienes unos ingresos fiscales 30.000 millones más elevados, previsiblemente, que el año anterior, que ya fueron históricamente elevados. Es decir, que se ha producido un aumento de la fiscalidad enorme y lejos de devolver parte del dinero para compensar la pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno está aumentando aún más la fiscalidad.
P: Ningún Gobierno se atreve de verdad a meter la tijera a ese gasto superfluo, supongo que porque conlleva demasiado gasto político...
R: O supone mucho trabajo, no lo sé, pero no va a quedar más remedio que hacerlo porque por el lado de los ingresos el aumentar la imposición a los ricos y las empresas no va a aumentar la recaudación. Se está aumentando la recaudación a base de aumentar la imposición a las clases medias, que es lo que ha ocurrido con la inflación. La inflación no sólo ha generado menos márgenes empresariales, sino también ha reducido el poder adquisitivo de los trabajadores por cuenta ajena y, además, ha aumentado la presión fiscal de trabajadores y empresas por no deflactar el IRPF. Esto ha generado un aumento histórico de ingresos públicos. Lejos de tratar de compensar a unos y a otros con ese exceso de recaudación, se está apretando más a trabajadores y empresas. Si siguen con esta dinámica, acabaremos con crecimientos económicos muy inferiores a lo previsto en 2023 y 2024.
El Gobierno debería ayudar a que haya un pacto de rentas utilizando la recaudación extra y deflactando el IRPF
P: Los márgenes empresariales se están manteniendo, según el Banco de España, pero ¿hasta cuándo las empresas podrán aguantar esta situación?
R: Las empresas no están pudiendo repercutir a precios los costes. Si se produce un aumento de los salarios desorbitado, afectará al empleo y al crecimiento económico. La línea roja en todas las negociaciones colectivas son las cláusulas de revisión, que en el pasado provocaron que la inflación de España fuera mucho más elevada que la europea y perdiéramos competitividad. Tenemos que ser conscientes de que en nuestro país, como consecuencia del precio del petróleo, somos más pobres, tenemos menos renta, y el reparto de esta carga entre toda la sociedad tiene que ser equilibrado. El Gobierno debería ayudar a que haya un pacto de rentas utilizando parte de los ingresos 'extra' por la inflación, con una deflactación del IRPF, por ejemplo.
P: La inflación no registrará tasas negativas en el corto plazo. ¿Acabarán subiendo los salarios más de lo que se espera?
R: Es complicado tener una fotografía completa porque de nada sirve declarar una subida del 2,6% en los convenios colectivos si tienes una cláusula de revisión y a final de año sube el 9%. Ahora mismo lo que más nos preocupa es la evolución de esas cláusulas y hay que ser prudentes porque las empresas vienen muy tocadas del Covid-19 y la inflación y si encima tienen una presión salarial importante, puede haber mucho cierre y un impacto en la inversión y en la creación de empleo.
P: El ministro Escrivá ha puesto sobre la mesa la posibilidad de destopar la pensión máxima, que acarrearía más carga para las empresas. ¿Cómo ve una receta de este tipo?
R: Es aumentar la carga de las empresas, y también es aumentar la recaudación hoy y el gasto del futuro, porque tendrás que pagar más mañana y es pegarle una patada hacia delante al problema de las pensiones. Hay que resolverlo sin poner parches en el corto plazo. Hasta ahora las medidas que se han ido tomando no están solucionando el problema.
