Infraestructuras tan importantes como el corredor mediterráneo y la red de cercanías en Cataluña (Rodalies) son las principales víctimas de los efectos del desafío secesionista de la Generalitat en materia financiera. La declaración unilateral de independencia deja en el aire más de 1.200 millones de euros de inversión en el corto plazo, que afectan a infraestructuras tan importantes como el corredor mediterráneo y la red de cercanías de Cataluña (Rodalíes).
La firma por parte del Ministerio de Hacienda de la orden de no disponibilidad de créditos del Gobierno catalán para garantizar que el referéndum de independencia no se sufraga con dinero público, dejó en el aire el ambicioso plan de inversiones en Cataluña programado por Moncloa, precisamente en lo que fue interpretado como un intento por acercar posturas con la Generalitat y evitar alimentar la deriva secesionista.
A partir de entonces, Hacienda tutela todos los gastos de la Generalitat, que se destinarán a atender el pago de las nóminas de los funcionarios y a la atención de los servicios básicos. La medida fue adquirida después de que el Gobierno autonómico se negara a remitir a Moncloa las certificaciones semanales para controlar el gasto público.
Aunque estas certificaciones se volvieron a enviar, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió que el control financiero de la Generalitat seguiría vigente de forma indefinida.
Caballos de batalla
Con este escenario quedan en el aire las inversiones en Cataluña presentadas en sociedad la pasada primavera por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ascendían a 4.200 millones de euros hasta 2020 y 6.500 millones hasta 2025. En este plan había dos contenidos estrella: la red de cercanías y el corredor mediterráneo, que se llevarían la mayor parte del pastel.
En concreto, para este último estaba prevista una primera inversión cercana a los 700 millones de euros que terminaría de concretarse en el primer trimestre de 2018, con tramos como Vandellós-Tarragona y Castellbisbal-Vilaseca. Para la red de Rodalies estaban previstos cerca de 1.900 millones hasta 2020.
Ambos han sido los principales caballos de batalla en lo que se refiere a infraestructuras en Cataluña se refiere, los puntos hacia donde todos miraban cuando se afeaba al Gobierno central que discriminaba a esta comunidad frente al resto. De ahí que el anuncio de Rajoy se interpretara como un intento de acercar posturas desde el punto de vista político para evitar que el clima secesionista fuera a más.
Una situación inviable
A la vista está que la fórmula no funcionó si realmente era este el objetivo de Moncloa. La decisión adoptada por el Ministerio de Hacienda, en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, supuso un freno a unas inversiones más que necesarias. El desarrollo del corredor mediterráneo acumula un notable retraso que ha sido también denunciado por las empresas constructoras, cada vez más dependientes del mercado exterior y sus dudosos márgenes para mantener sus carteras.
Mientras, el deterioro de la red de Rodalies se ha puesto encima de la mesa en prácticamente todas las reuniones entre los gobiernos central y autonómico en las que las infraestructuras han sido protagonistas.
A partir de ahora, estas inversiones quedan en el aire mientras no se despeje el panorama en torno al proceso soberanista en Cataluña, algo que parece inviable en el corto plazo. Un nuevo efecto colateral de la deriva secesionista que afectará tanto a ciudadanos como a las empresas.
