Los cambios legales con los que el Gobierno endureció las jubilaciones anticipadas tienen ya un saldo: el Ejecutivo está ahorrando en torno a 2.500 millones de euros con las trabas a las prejubilaciones y a las jubilaciones parciales, según los cálculos de fuentes de la Seguridad Social que reconocen que desde que se endurecieron los requisitos para acceder a una prejubilación se ha retrasado casi 5 meses la edad efectiva de retirada del mercado laboral pasando de los 63,9 años en 2012 a los 64,3 en 2013.
Los dos cambios normativos que explican el ahorro fueron dictados por Bruselas y ejecutados por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy hasta el punto de que las jubilaciones anticipadas en nuestro país se han reducido un 11,9%. El resultado de esos dos cambios es el siguiente:
- Supresión por ley 26/2011 de la jubilación a los 64 años y trabas a la prejubilación: Como resultado de esa medida, las jubilaciones anticipadas han pasado de representar un 44,83% del total a comienzos de la crisis en el año 2007 al 37,37% en el año 2013. Sólo en un año, la caída del número de trabajadores que se jubiló antes de los 65 años ha sido de casi un 5% (del 49% en 2012 al 44% del 2013). Según estimaciones de fuentes de la Seguridad Social, el coste anual por el adelantamiento de un año de la edad de jubilación es de 5.800 millones de euros, por lo que el retraso en 4 meses de la edad de retiro derivada de esa medida supone un recorte del gasto en pensiones de 1.933 millones de euros.
- En segundo lugar, el Ejecutivo de Mariano Rajoy endureció el acceso a la jubilación parcial mediante el Real Decreto Ley 29/2012 de 30 de diciembre. Las cifras del antes y el después en la crisis muestran un contraste contundente: si en el año 2007 un 13,5% de los trabajadores recurría a la jubilación parcial, en el año 2013 apenas lo hacen un 6,06% de los trabajadores. El resultado de ese cambio legislativo ha supuesto un desembolso de 500 milones menos desde la Seguridad Social.
La industria del automóvil y a las grandes superficies, afectadas
La medida afecta fundamentalmente a la industria del automóvil que, en el caso de las jubilaciones parciales, acumulaba entre un 50 y un 60% del total registrado antes de la crisis. La medida se usaba también en las grandes superficies como fórmula para flexibilizar plantillas y cargas de trabajo y permitía a las empresas una doble ventaja: por una parte seguía disponiendo de trabajadores que mantenían hasta un 85% de su jornada laboral y por otra podía ahorrar en cotizaciones sociales con nuevos contratos de reemplazo con sueldos más bajos.
El ahorro para las arcas públicas, sin embargo, sigue resultando insuficiente porque el número de cotizantes sigue bajando en los últimos años. Pese a que el tipo de cotización efectivo se mantiene estable desde hace 20 años en torno al 28%, los 19,4 millones de trabajadores que registraba la Seguridad Social cuando comenzó la crisis han pasado a ser 16,3 al cierre de 2013, es decir, en apenas seis años han dejado de aportar cotizaciones sociales a las arcas públicas más de tres millones de trabajadores, un 16% del total, lo que mantiene en el aire la sostenibilidad del sistema. El Gobierno asegura que en los próximos meses crecerán las afiliaciones aunque, de momento, esa tendencia no se ha notado en las cifras oficiales.
