El abogado general de la Unión Europea Michal Bobek ha concluido que las administraciones de los diferentes países tienen argumentos para someter a un régimen de autorización pública previa el uso de inmuebles destinados a vivienda para alquileres temporales en general (turísticos, corporativos, etc.), profesionales o no, en favor de clientes de paso que no fijen su domicilio en el referido inmueble.
Así lo ha concluido tras analizar el caso de dos empresas con inmuebles de la ciudad de París que los comercializaron a través de la plataforma que ha popularizado los pisos para estancias breves Airbnb. Las dos empresas fueron obligadas por el ayuntamiento parisino a pagar una multa y a restituir los inmuebles a su uso como vivienda (en lugar del de estancias breves, a través de Airbnb).
Dichas empresas elevaron una queja al Tribunal de Casación Francés, que ha pedido al abogado general comunitario que se manifieste sobre si el control administrativo antes referido es compatible con la directiva de servicios.
El propio abogado general de la UE había concluyó hace un año que la plataforma Airbnb como tal realiza un servicio de la sociedad de la información y que no debe estar sometida a la normativa inmobiliaria, lo que fue ratificado luego por el propio Tribunal Europeo.
Proteger la vivienda
Sin embargo, el abogado general europeo ha entrado ahora a valorar si es posible someter a controles a los propios dueños de los pisos que se destinen para alquileres temporales.
"El objetivo referido a la lucha contra la escasez de alojamiento de larga duración puede constituir una razón imperiosa de interés general que permite justificar una medida nacional que exija la obtención de una autorización", se esgrime en un texto que resume las conclusiones del abogado general de la UE.
"En cuanto a la compatibilidad de ese régimen de autorización con la Directiva de servicios, ni la libertad de empresa ni el derecho a la propiedad son absolutos, sino que ambos pueden ser sometidos a limitaciones. En otras palabras, las restricciones de estos derechos se permiten siempre que la reglamentación del uso no constituya una restricción tan severa que equivalga en la práctica a la expropiación o depreciación encubierta de los bienes".
Garantizar la disponibilidad de un número suficiente de alojamientos (para largas estancias) asequibles (en particular, en centros de atracción turística), así como la protección del entorno urbano, son justificaciones válidas para establecer regímenes de autorización"
"Combatir la escasez de viviendas y tratar de garantizar la disponibilidad de un número suficiente de alojamientos (para largas estancias) asequibles (en particular, en centros de atracción turística), así como la protección del entorno urbano, son justificaciones válidas para establecer regímenes de autorización basados en gran medida en la política social", se argumenta desde Luxemburgo, si bien se deja en manos del Tribunal de Casación Francés decidir sobre la proporcionalidad o no de sancionar al propietario con "la transformación simultánea en inmueble destinado a vivienda de un inmueble que tenga otro uso".
Este periódico ha contactado por lo pronto con Airbnb para obtener una respuesta frente a las conclusiones del abogado europeo, pero no la ha obtenido.
En España
En España, el número de 'airbnbs' entendidos como pisos turísticos cayó en 2019 por primera vez en una década, en parte, debido a la creciente litigiosidad entre distintas entidades y administraciones municipales, autonómicas y nacionales, y empresas como la propia Airbnb -que en nuestro país mueve unos 6.000 millones al año-.
Paralelamente, los alquileres temporales para ejecutivos, por ejemplo, tendían, a principios de este 2020, a expandirse, en tanto que los promotores del llamado 'coliving' (la versión residencial del coworking) reclaman ya un reconocimiento legal propio en España.
