Javier López Madrid requiere al juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, la impugnación del informe de la Agencia Tributaria que le incrimina, y también la deducción de testimonio al Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla "a la vista de falsedades, contradicción e inexactitudes" que afirma contener dicho informe.
La lista de "falsedades" que López Madrid asegura contener el documento elaborado en su contra, y que le incrimina en presuntas irregularidades contables y en la adjudicación de obras al grupo OHL, se suma al llamativo número de informes de organismos oficiales deficientes que en los últimos tiempos han aflorado en investigaciones judiciales relevantes (caso Sandro Rosell, caso de la llamada policía patriótica, las investigaciones policiales sobre la CNMV...).
La defensa del consejero delegado de Grupo Villar Mir ha enviado recientemente un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia de Madrid en el que interpone recurso de reforma frente a una providencia del pasado 4 de junio. En ella, el juez se pronunciaba sobre la solicitud de deducción de testimonio, pero no sobre la impugnación del informe de Hacienda.
La fiscal de Púnica preguntó a López Madrid en el interrogatorio sobre los "peajes en la sombra", como si fuera algo sospechoso
La Fiscalía advirtió a la defensa de López Madrid que la petición de deducción de testimonio a los Juzgados de Plaza de Castilla "es una reacción poco profesional", y afirmó que el ejercicio de defensa del investigado "nunca puede justificar la incriminación del resto de las autoridades que actúan en el procedimiento".
En su reciente escrito, los abogados del yerno de Juan Miguel Villar Mir subrayan que su pretensión es la de la "persecución de un delito", y recuerdan algunas de las "falsedades e inexactitudes detectadas" en el informe de la Agencia Tributaria, que son "plenamente justificativas de la necesidad de proceder contra los responsables".
"Las falsedades contenidas en el texto del informe (hechas con evidente propósito incriminatorio) son constitutivas, per se, del delito previsto en artículo 390.1.4º del Código Penal", afirma la defensa de López Madrid.
Entre otras "falsedades", el escrito de los abogados destaca la alusión que hace el informe a que López Madrid debía conocer previa a su adjudicación, en enero de 2005, las obras de construcción del Metro Ligero de Boadilla. Esto debía ser así, según el informe, por la existencia de una anotación en un Excel de una participación en esa obra unos meses antes a la fecha de adjudicación.
"Las cifras se alteran a la conveniencia de la AEAT para cuadrarlas con los hechos que en cada momento interesa tratar de acreditar", afirma
Los abogados del empresario advierten que esa mención en realidad figura en un correo de junio de 2005, como así lo había recogido otro informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
También sostiene que en el informe de Hacienda, "las cifras se alteran a la conveniencia de la AEAT para cuadrarlas con los hechos que en cada momento interesa tratar de acreditar". Y menciona por ejemplo la inclusión en ese informe de una cifra facturada entre las empresas investigadas a la que en una ocasión se le añade el IVA, y en otra no.
Otro de los errores o falseamientos que la defensa de López Madrid dice haber detectado en el informe de Hacienda se refiere al coste nulo fiscal que habría tenido para OHL la venta de su filial Grabitum, en 2005. Esa afirmación "tal y como está formulada, no puede ser calificada, en rigor, más que de tendenciosa, ya que, con toda seguridad, la operación sí supuso el coste fiscal al consumir aquellos créditos, partidas negativas o retenciones y pagos a cuenta (...) ocasionando un verdadero coste fiscal".
La poca profesionalidad a la que alude Fiscalía, advierte la defensa de López Madrid, "tiene que ver con la ignorancia"
En esa operación de venta de Grabitum a Obrum, mercantil controlada por David Marjaliza, el informe de Hacienda afirma que supuso un beneficio de 3,4 millones de euros, cuando, aseguran los abogados de López Madrid, el beneficio imputable a Grabitum es de 1,1 millones, al participar en una unión temporal de empresas con el 33%.
Peajes en sombra
La defensa del empresario madrileño destaca en su reciente escrito que su interés por la deducción de testimonio a los juzgados de Plaza de Castilla, "jamás puede ser calificada de poco profesional".
La poca profesionalidad, advierte, "tiene que ver con la ignorancia y, singularmente, cuando ésta no es suplida con el adecuado estudio". Y como ejemplo de poca profesionalidad alude a la intervención de una de las fiscales del caso, Carmen García Cerdá en la declaración como imputado que López Madrid hizo en la Audiencia Nacional en febrero de 2018.
"¿Qué significaba esto de peajes en la sombra?" preguntó la fiscal a López Madrid cuando este fue interrogado como imputado hace dos años
En aquella declaración la fiscal preguntó a López Madrid sobre un contrato entre la sociedad Aruba Gestión y Obrum, según la cual la primera prestaría servicios a la segunda en la contratación de obras y peajes en sombra.
"¿Qué significaba esto de peajes en la sombra? porque ese documento lo ha recibido, lo tuvo que recibir usted porque está como adjunto a su correo electrónico", preguntó la fiscal.
"(...) De todas formas me ha hecho usted una pregunta técnica sobre la que voy a responder", dijo López Madrid. "Los peajes en sombra no es nada extraño, lo se por el consejo de OHL, eso son unos peajes que establece una Comunidad concreta por el cual se paga en función del tráfico que tenga, pero lo paga la Comunidad, o una tercera entidad".
"¿Del tráfico que tenga el qué?", interpeló la fiscal.
"El tráfico que tenga la carretera...".
"¿Estamos hablando de construcción de carreteras, entonces? ¿habla del tema de adjudicación de tramos de carretera?", insistió la fiscal.
"Usted ha hablado de peajes en sombra... y yo le digo el peaje en sombra se refiere técnicamente a una carretera que no teniendo máquinas de peaje, tiene unos contadores en el suelo que cuenta el tráfico que pasa y por lo tanto luego alguien o una empresa o la comunidad, paga en función del tráfico producido...", respondió López Madrid.
"¿Y a quien le pagan?"
"Al concesionario...".
La defensa del consejero delegado de Grupo Villar Mir advierte que ignorar que un peaje en sombra "no es algo oscuro o sospechoso (...) no nos parece una praxis demasiado profesional. Pero que, encima, se pretenda con ello incriminar a toda costa a una persona, lo convierte en éticamente inaceptable".
