Aunque los mercados y la economía a menudo siguen caminos divergentes, hay ocasiones en que parecen convertirse en un espejo de la realidad. Es lo que ha ocurrido con las constructoras españolas durante la última semana. De ser uno de los sectores que podían contar con cierto agrado de los inversores ha pasado a ser uno de los menos recomendados para los próximos meses.
El ascenso de grupos políticos afines a Podemos en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona durante las pasadas elecciones municipales y autonómicas y la publicación de presuntos casos de corrupción han puesto en la picota a compañías como OHL y FCC, que sufren en su cotización la falta de estimaciones favorables a sus negocios.
El grupo presidido por Juan Miguel Villar Mir, con importantes operaciones inmobiliarias en la capital de España, como la construcción de un complejo hotelero de lujo en la plaza de Canalejas, ya ha recibido el primer aviso por parte de la agencia Fitch, al rebajarle su calificación crediticia a BB-, nota que le sitúa en perspectiva negativa. El precio de su acción sigue en caída libre desde hace nueve días, con una rebaja del 16%, hasta situarse en 16,8 euros al cierre del martes, un nivel que no registraba desde hace tres años.
El grupo de Villar Mir ya ha recibido el primer aviso por parte de la agencia Fitch
El anuncio de la candidata de Ahora Podemos, Manuela Carmena, de que un ayuntamiento gobernado por este partido revisaría los proyectos urbanísticos de la ciudad podría suponer otro golpe a una constructora que también afronta el estallido del escándalo de su filial en México, a raíz de unas conversaciones filtradas entre uno de sus altos ejecutivos y funcionarios del gobierno sobre unos supuestos sobornos en la concesión de obras públicas. De momento, y a falta de que concluyan varias auditorías públicas, la empresa se ha visto obligada a suspender un programa de recompra de acciones. Para contrarrestar la cascada de noticias negativas, la compañía ha anunciado el pago de un dividendo bruto de 0,3513 euros para sus accionistas.
FCC es otra de las constructoras que se han visto envueltas en un presunto caso de corrupción, al conocerse que podría haber realizado pagos por comisiones ilegales a Jordi Pujol Ferrusola a través de una sociedad interpuesta. El grupo de Alicia Koplowitz en el que Carlos Slim es el primer accionista con el 25,634% del total de títulos, ya arrastraba problemas en su valoración por los movimientos corporativos que está viviendo, con la probable salida del consejero delegado, Juan Béjar, de la compañía y un mayor peso del millonario mexicano en la toma de decisiones. Desde hace dos semanas su cotización ha caído un 17% hasta situarse en 9,081 euros y se ha convertido en la mayor compañía con posiciones cortas del mercado, por valor del 9,24% de su capital.
Recuperar la competencia de trabajos como la recogida de basuras supondría una merma para el negocio de FCC en Barcelona
Los casos de corrupción, más allá del riesgo reputacional, no son la causa directa del castigo bursátil de estas constructoras, pero la probable llegada al poder local en Madrid y Barcelona de grupos afines a Podemos sí que ha representado un varapalo para el sector en su conjunto, por el negocio de concesiones de servicios públicos que mantienen con las administraciones públicas.
La intención de estos nuevos partidos es recuperar la competencia de trabajos como la recogida de basuras, lo que supondría una merma para el negocio de FCC en Barcelona, donde mantiene contratos por valor de 927 millones de euros, la mayor cifra de todas las firmas, mientras que Madrid OHL se juega 321 millones. Aquí también tienen mucho que perder compañías como ACS, que ofrecieron bajas temerarias para la recogida de basuras en algunos distritos de la capital para concurrir con ventaja de precios al gran contrato de 2.136 millones de euros que debería tener lugar a finales de año y que ahora se queda en el aire.
Los inversores profesionales ya han advertido de que no les gustan las compañías expuestas precisamente a la dependencia de sus segmentos de negocio a la administración pública, debido al grado de incertidumbre que se abre de aquí hasta las próximas elecciones generales. Y la caída de las cotizaciones siempre representan una oportunidad de compra para los inversores que apuestan por una recuperación del valor a medio plazo. FCC afronta, no obstante, numerosos cambios corporativos y mantiene aún una abultada deuda de 4.500 millones de euros, que ha refinanciado recientemente. Tanto OHL como FCC han realizado operaciones de autocartera para ayudar a sostener el precio de su acción.
