El próximo 23 de noviembre el centro de Madrid comenzará a vivir un lavado de cara de su movilidad. El conocido como Madrid Central, plan que se incluye dentro de la nueva ordenanza de movilidad sostenible del Gobierno de Manuela Carmena, pretende eliminar el tráfico de paso del centro de la capital. Una medida que castiga a 30.000 empresas y 300.000 trabajadores, según los datos de la Plataforma de Afectados por Madrid Central.
"Todos estamos de acuerdo en que hay que rebajar la contaminación y el tráfico en la ciudad, pero no hay que tener en cuenta a los profesionales que operan en este territorio", indica Cesar García, secretario general de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos (AMTAS), una de la asociación adherida a esta plataforma. "Nuestra idea es sentarnos en los despachos para presentar la problemática que nos genera esta normativa. Por ello, hemos establecido contacto con el PP, Ciudadanos y buscamos un encuentro con el PSOE", añade.
Desde la Plataforma de Afectados por Madrid Central indican que, desde el inicio de las tramitación, en las diferentes reuniones mantenidas con el Ayuntamiento han trasladado las necesidades básicas que debe cumplir este plan para garantizar el adecuado funcionamiento de las miles de empresas y proveedores que operan en el distrito. Esta agrupación incluye a 58 asociaciones que aglutinan a los representantes sectoriales de la distribución, la logística y el transporte, la hostelería y el comercio, el turismo, la cultura y los espectáculos.
Un plan que no ha sido capaz de resolver las necesidades concretas para garantizar la accesibilidad y evitar el riesgo de desabastecimiento que puede provocar"
"Hay que tomar conciencia de la importancia que tiene la actividad económica de las zonas afectadas por el proyecto Madrid Central que afecta directamente a más de 30.000 empresas y 300.000 puestos de trabajo según datos del propio Ayuntamiento", indican. Un cálculo que surge de contabilizar 139.414 trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social y 124.491 autónomos que desarrollan su actividad en el Distrito Centro, y 30.000 trabajadores y autónomos del sector del transporte y la distribución que operan en el Distrito Centro.
Asimismo, a nivel turístico, estas asociaciones destacan que la zona afectada por Madrid Central acumula el 65% de la actividad turística de la ciudad que atrae a decenas de miles de visitantes diariamente. "Ante esta situación, siguen sin resolverse las necesidades básicas de los sectores afectados cuando apenas faltan 51 días para el 23 de noviembre, día de la puesta en marcha del Plan", manifiestan.
El objetivo de este movimiento es denunciar la limitación de este plan para luchar contra la contaminación atmosférica, y que, según indican, carece del necesario estudio de impacto sobre la actividad económica en la ciudad. "Un plan que no ha sido capaz de resolver las necesidades concretas para garantizar la accesibilidad y evitar el riesgo de desabastecimiento que puede provocar la entrada en vigor de Madrid Central", manifiestan.
Los empresarios quieren mantener el diálogo
Los empresarios madrileños se desvinculan de esta plataforma. "Hemos mantenido varias reuniones con el Ayuntamiento, nos han explicado esta ordenanza y estamos preparado un documento que muestre nuestra impresión teniendo en cuenta a los diferentes sectores a los que representamos", afirma Francisco Aranda, portavoz de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid).
Los empresarios consideran que puede existir debate entorno a los plazos que se han establecido con esta ordenanza, pero "no podemos estar en contra de una filosofía que mejora el medio ambiente y el tráfico, aunque tiene que compatibilizarse con el modelo de ciudad que es Madrid", añade el portavoz de CEIM.
Una 'tregua' en el Black Friday
La Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO) tampoco forma parte de de la Plataforma de Afectados por Madrid Central. No obstante, han solicitado al Ayuntamiento de Madrid que retrase las restricciones al tráfico de la ciudad para después del Black Friday, ya que el 23 de noviembre coincide con esta fecha tan señalada para el comercio electrónico y supone un elevado flujo de repartidores en el centro de la ciudad.
“Activar las restricciones ese día, teniendo en cuenta que es una iniciativa totalmente nueva y que afecta a un área muy amplia de la ciudad, provocará un aumento de los atascos y momentos de caos circulatorio”, apuntan. El año pasado, durante la semana del Black Friday se repartieron más de dos millones de paquetes diarios, más del doble que un día normal. Por lo tanto, la normativa de Carmena se enfrenta con su primer gran reto desde el día de su estreno.
