El Pacto de Toledo está trabajando en las recomendaciones que le va a hacer al Gobierno para solucionar el problema de las pensiones, pero no está valorando la posibilidad de sugerir que se retrase un año la edad efectiva de jubilación (la verdadera edad a la que se retiran de media los españoles), tal y como sugirió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Esta edad en España es de 62,4 años, muy inferior a la de la media de la OCDE (64,3 años) y a demasiada distancia de la edad legal de jubilación, que ahora es de 65 años.
Está previsto que la edad legal se incremente hasta los 67 años de aquí a 2027, con lo que la edad real de jubilación subirá también inevitablemente hasta los 64,5 años para entonces.
La AIReF propone que se aumente esa edad un año más, hasta los 65,5 años, de forma progresiva endureciendo los requisitos para poder acceder a la pensión (tanto en las jubilaciones anticipadas como en las ordinarias) desde esa fecha hasta 2048, y aunque la idea le ha gustado a la Seguridad Social, el Pacto de Toledo no la baraja.
El propio secretario general de la Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció que estaba a favor de esta posibilidad, pero la medida suena demasiado impopular para los partidos políticos que conforman el Pacto de Toledo.
Unidos Podemos fue el primer partido en llevarse las manos a la cabeza. "Nos gustaría saber si es un globo sonda, porque si no es así, si el Gobierno de España toma esta decisión, nos va a tener enfrente y del lado de los pensionistas", reaccionaron ese mismo día y amenazaron con no apoyar los Presupuestos Generales del Estado.
Fuentes de otros partidos que conforman el Pacto reconocen que la medida no está sobre la mesa y que se trabajan en otras recomendaciones para garantizar la suficiencia -primero- y la sostenibilidad -después- del sistema de pensiones, aunque encomiendan a esperar a que se conozcan las recomendaciones definitivas cuando lleguen a un pacto.
Condenan al sistema
La AIReF afirma que retrasar un año la edad real de jubilación de aquí a los próximos treinta años permitiría al Estado contener el gasto en pensiones entre 0,4 y 1,2 puntos del PIB, es decir, entre 4.800 y 14.400 millones de euros de aquí al año 2048.
Si el Pacto de Toledo descarta esta medida condenará al Estado a renunciar a este ahorro, ya que los acuerdos alcanzados en el Pacto deben ser respetados por cualquier Ejecutivo.
La segunda medida que propuso la AIReF consiste en ampliar el periodo de la vida laboral que se utiliza para calcular la pensión hasta los 35 años en 2027, una medida que permitiría contener el gasto en 0,5 puntos de PIB, unos 6.000 millones.
Esta sugerencia también le gustó a la Seguridad Social. "No debería producir efectos negativos", admitía Granado, pero ha sido descartada este jueves por la ministra de Empleo, Magdalena Valerio.
