Hoy se han conocido oficialmente las conclusiones del informe forense de KPMG sobre la situación real de Pescanova, tal como anunció este diario, y que establecen una deuda de la compañía de 3.281 millones de euros, un patrimonio negativo de 927 millones de euros y “unos hechos y prácticas realizadas de manera consciente”.
El informe indica:
“Con fecha de hoy, se ha emitido el informe de investigación forense confirmando discrepancias significativas entre la contabilidad y la deuda bancaria, y cuyas principales conclusiones son:
1. Durante los últimos ejercicios se han diseñado y ejecutado prácticas contables cuyo objetivo era presentar una deuda financiera del Grupo inferior a la real y, consecuentemente, una cifra de resultados superior a los realmente generados.
2. Para la obtención de financiación, la Sociedad ha llevado a la práctica determinadas operaciones (formalización de créditos documentarios sin que existieran transacciones reales con mercancía, utilización de estructuras societarias instrumentales para generar financiación bancaria y resultados ficticios, líneas de factoring dispuestas sin sustancia económica, etc…) que pueden ser consideradas como irregulares desde un punto de vista contable y financiero.
3. La deuda financiera neta del Grupo al 31 de diciembre de 2012 asciende a 3.281 millones de euros.
4. El patrimonio neto del Grupo al 31 de diciembre de 2012 resulta negativo por un importe de 927 millones de euros.
5. Los hechos, operativas y prácticas desarrolladas por el Grupo Pescanova no fueron fortuitas, sino que fueron resultado de una planificación de forma consciente que se han venido realizando durante varios años por parte de la Dirección de Pescanova.
6. Existen indicios fundados de que determinadas personas de la cúpula directiva de Pescanova han instruido, ejecutado, llevado a cabo o conocido, en mayor o menor medida, dichas prácticas.
La Administración Concursal de Pescanova considera que las conclusiones del forense deben ser tenidas en cuenta para el entendimiento de la situación en la que actualmente se encuentra Pescanova, sin que afecten sustancialmente al esquema de trabajo planteado por la Administración Concursal, tendente hacia una salida del concurso mediante convenio a pesar de la gestión irregular de los últimos años. Dichas conclusiones serán consideradas a la hora de formular las cuentas anuales del ejercicio 2012.
La Administración Concursal se reserva el derecho a adoptar las medidas que resulten oportunas tras el análisis del Informe, dando en su caso traslado a los órganos competentes.
Santiago Hurtado Iglesias, en nombre de Deloitte Advisory, S.L.”
Hacer historia
Conviene rebobinar para poner en contexto la historia. Pescanova presentó una repentina solicitud de preconcurso de acreedores a finales del primer trimestre, al no poder hacer públicas sus cuentas 2012. El argumento esgrimido fue la incapacidad de refinanciar la deuda existente, cosa que podría arreglarse en cuanto se vendieran unos cuantos activos. Con anterioridad, se supo que algunos consejeros (con el Grupo Damm de la familia Carceller a la cabeza) se habían negado a principios de año a firmar las cuentas. Un desastre en toda regla, en una empresa que era el ojito derecho de los analistas y gestores de fondos.
El asunto provocó la inmediata suspensión del valor por parte de la CNMV, después de sufrir un fuerte varapalo bursátil, y la compañía, al frente de la cual estaba el presidente de los últimos años, Manuel Fernández Sousa, contrató a un banco de inversión, Houlihan Lokey, para establecer el perímetro real de la deuda para facilitar la refinanciación.
La compañía, después de ser levantada durante un breve periodo de tiempo que fue aprovechado por algunos fondos de inversión para deshacer posiciones a toda prisa, volvió a ser suspendida ya definitivamente. Houlihan no duró ni 72 horas y se marchó, quejándose la ocultación de información por parte de Pescanova. Primer episodio chusco.
Vozpópuli ya había informado de ventas (declaradas) en el entorno de Sousa pocos días antes de la suspensión de pagos. Muy poco después, la CNMV abría una investigación por abuso de mercado e información privilegiada. A partir de ahí, se han sucedido los acontecimientos, de los que este diario ha dado cumplida información. Los bancos acreedores comenzaron a temerse que el agujero podía ser más del doble de lo declarado y fue entonces cuando se escuchó la temida cifra de 3.000 millones de euros que, finalmente, ha resultado ser incluso conservadora.
Siempre limpios
La auditora, BDO, había firmado limpia las auditorías de los 10 ejercicios anteriores. Curiosamente, la anterior, Ernst & Young, sí había incluido salvedades en los años previos. Eso sí, conviene destacar que la auditora, por el momento, ha quedado fuera de las imputaciones, ya que Pescanova ha sido, entre otras cosas, un gran ejercicio de ocultación de información.
Mientras algunos consejeros dimitían, los que tenían una posición fuerte (y enfrentada a Sousa), es decir, Damm, Luxempart e Iberfomento, exigían la convocatoria de un consejo extraordinario. Su celebración se saldó con Pescanova diciendo mediante Hecho Relevante que todo estaba correcto; que el consejo estaba intentando definir el perímetro de la deuda y que todos los acuerdos se habían adoptado por unanimidad, hecho que provocó encendidas contestaciones por parte de otros miembros de dicho órgano, también a través de Hecho Relevante, algunos señalando que ni siquiera llegaron a votar nada porque abandonaron la reunión antes de su finalización. Segundo episodio.
Con semejante panorama, y conforme iban apareciendo nuevos acreedores, los bancos impusieron la contratación de KPMG para realizar un informe forense. Por su lado, comenzaron a llegar demandas particulares, y el juez de Pontevedra donde se solicitó el preconcurso decretó la intervención concursal, relevando de funciones a Sousa porteriormente, algo inesperado, y colocando al frente de Deloitte, esto último a instancias de la propia CNMV.
Por cierto, aquí hubo un nuevo episodio rocambolesco, cuando Fernández Sousa pidió, a través de Hecho Relevante en la CNMV, la restitución de sus funciones ejecutivas, aprovechando que todavía tenía las claves de acceso al programa de emisión de esos comunicados. Sólo los administradores de las empresas cotizadas pueden hacer eso, pero, a pesar de que estaba Deloitte, Sousa aprovechó esas claves. Fue la última vez, evidentemente.
Venta de acciones sin declarar
Fue entonces cuando se supo que Sousa y su entorno habían vendido acciones, esta vez sin declarar, con lo que el presidente pudo obtener liquidez. Posteriormente, acabó reconociéndolo, añadiendo que incluso con parte de ese dinero había hecho un préstamo a Pescanova a tipos más altos que los de mercado.
Al poco de desembarcar la administración concursal, se supo que la compañía sufría una gran crisis de liquidez y que eran necesarios más de 50 millones de euros para mantener la actividad ordinaria. Los bancos, absolutamente desencantados con esta suspensión de pagos no inmobiliaria, se mostraron muy reacios, convencidos de que esto no era otra cosa que enterrar dinero.
El comité bancario manifestó oficialmente en repetidas ocasiones su buena voluntad para dar oxígeno financiero a la compañía, pero ese crédito urgente no llegaba, en lo que ha sido una auténtica telenovela por capítulos. Mientras tanto, Sousa comenzaba un periplo por los medios de comunicación, explicando que había vendido sus acciones por el bien de la compañía, en un último episodio chusco.
Lo demás ya es conocido por casi todo el mundo. El crédito se firmó, con la ayuda financiera de la Xunta de Galicia y ahora ha aparecido el informe que promete tener muchas consecuencias judiciales, como no puede ser de otra manera en la que es la mayor suspensión de pagos no ladrillera de la historia moderna de España.
Por supuesto, por debajo ha habido una incestante lucha de presiones políticas, que han llegado (o intentando llegar) a todos los estamentos. No en vano, Fernández Sousa era un peso pesado en Galicia, con gran influencia en el entorno de CaixaGalicia y la Xunta.
