Desde el fin del estado de alarma, el Gobierno central y las comunidades han lanzado concursos públicos para conseguir el material sanitario necesario para afrontar los rebrotes del coronavirus. Pese a ello, todavía se mantiene la resaca de los famosos contratos 'a dedo' otorgados durante la situación de emergencia. Castilla y León, la tercera comunidad autónoma por número de contagiados, se ha quedado sin 3,6 millones de mascarillas porque su proveedor de cabecera no ha cumplido con los plazos establecidos.
La Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha comunicado a través de Portal de Contratación del Sector Público que "deja sin efecto" el contrato adjudicado al fabricante Drylock Tecnologies, un fabricante de pañales con sede en Bélgica y fábrica en Segovia. El acuerdo, cerrado el pasado 16 de junio, una semana antes del fin de estado de alarma, se tasaba en 3,4 millones de euros por este lote de mascarillas FFP2 K95.
Un proveedor con el que la Junta ha mantenido una gran relación durante la crisis sanitaria. Drylock y el Gobierno castellano y leonés cerraron a principios de mayo un acuerdo de colaboración para el suministro de mascarillas. La empresa se comprometió a elaborar cuatro millones de mascarillas en un plazo de tres meses por 0,50 céntimos la unidad.
Un precio irrisorio, ya que varias compras públicas han llegado a alcanzar los 4,4 euros por mascarilla. Pero, según consta en la Plataforma de Contratación, la venta de material de Drylock a la Junta ha superado los cuatro millones de unidades. Desde el pasado 18 de mayo, la empresa ha despachado tres adjudicaciones de compra de mascarillas por parte de más de 11 millones de mascarillas por un valor total de 7,1 millones de euros.
Pero esta última adjudicación no se ha completado, en un momento en el que los rebrotes afloran a la Comunidad Autónoma."El contrato en cuestión no ha sido objeto de una anulación de adjudicación, sino que simplemente se ha dejado sin efecto como consecuencia automática del transcurso de 30 días, que es el plazo estipulado por la legislación de contratos para el inicio de las prestaciones en los contratos de emergencia", explican a Vozpópuli desde la Junta de Castilla y León.
"Numerosas distorsiones"
Desde Drylock Tecnologies han preferido no contestar a la consulta de este medio. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León han añadido lo siguiente: "En la actual situación de pandemia, que genera numerosas distorsiones en la oferta de productos vinculados a la misma, ha sucedido ya con anterioridad que una empresa no puede entregar el pedido correspondiente en el plazo inicialmente estipulado por no haber recibido a su vez la materia prima".
Esta comunidad necesita ahora provisiones de material ante los nuevos rebrotes. Tras Cataluña y la Comunidad de Madrid, este territorio se coloca en la tercera zona más afecta en España por número de contagiados, 20.207 personas afectadas. Localidades vallisoletanas como Íscar y Pedrajas de San Esteban sufren actualmente restricciones de movimientos.
Desde el equipo que preside Alfonso Fernández Mañueco apuntan a este medio cuenta con un "stock" más que suficiente para afrontar esta crisis. "Trabajamos con reservas de material muy holgadas", afirman.
La Junta descarta tomar cualquier medida contra este proveedor. "No habiendo culpabilidad por parte de la empresa, no procede actuar contra ella. Menos aún ya que en este tipo de contratos de suministro, de los cuales se formulan varios a diferentes empresas, difícilmente podría cuantificarse un perjuicio para la administración por un simple retraso en el suministro", concluye.