PSOE y Unidas Podemos han tumbado las enmiendas a los Presupuestos presentadas por PP, ERC y PDeCAT para reducir el IVA del 10% que pagan los residentes en geriátricos privados al 4% que pagan los que se encuentran en residencias públicas.
Los tres partidos proponen modificar el contenido de la Ley 37/1992 para que todas las personas en situación de dependencia "puedan tributar al mismo tipo reducido del 4% por los servicios que requieran de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y/o atención residencial, todos ellos, servicios esenciales".
Las principales compañías que administran residencias privadas también han requerido al Gobierno el cambio normativo para evitar la discriminación actual entre los residentes en un tipo u otro de centro de asistencia.
La pensión media en España por jubilación es de 1.182 euros; el precio medio de una residencia es de 1.800 euros al mes
"Muchos de los residentes en centros privados lo están porque no consiguen plaza en uno público", señala Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), asociación que representa a grupos como Sanitas, Orpea o Eulen. "No entendemos que un Gobierno como este no sea sensible a esta problemática", lamenta.
Fuentes del sector indican que aún queda una semana de trámite parlamentario para tratar de aprobar las enmiendas y que impulsarán en los próximos días los contactos con las diferentes formaciones políticas para intentar sacar adelante las mismas.
La pensión media por jubilación en España es de 1.182 euros, mientras que el precio medio de una residencia para mayores es de 1.800 euros. "La bajada del IVA a los residentes en centros privados al 4% supondría un ahorro anual de 1.296 euros", destaca el Secretario General de Aeste.
En su enmienda, el PP explica que actualmente se produce "una paradoja fiscal" al diferenciar el pago de IVA en una residencia privada o pública, y advierte que vulnera "los principios de igualdad, equidad, y no discriminación reconocidos por la Constitución".
Muchos no pueden esperar una decisión de la Administración que les asigne una plaza pública", dice ERC
"Cuando se produce una necesidad hay que cubrirla de inmediato y al contratar un servicio privado no solo se les penaliza por la lentitud de recibir ayuda del sistema de dependencia, sino que, además, se les grava con un 6% más", indica el partido liderado por Pablo Casado.
"Muchos no pueden esperar una decisión de la Administración que les asigne una plaza pública, concertada o una PEV. Se ven obligados a acceder durante ese tiempo de espera a un recurso privado", expone ERC. "Estas personas se ven doblemente perjudicadas", añade.
"No debe haber diferencias impositivas ante un mismo servicio o prestación, independientemente de quién lo preste o financie", razona PDeCat. "Entendemos que es una anomalía que además distorsiona el mercado y la competitividad", dice.
IVA en residencias de ancianos
Los partidos que han presentado enmiendas, y también las principales asociaciones empresariales del sector asistencial a personas mayores, recuerdan que ya en 2018 se modificó la Ley de IVA para aplicar un tipo reducido del 4% cuando la financiación pública supere el 10% del precio del servicio.
"Esta medida supuso sin duda un gran avance para eludir la aplicación de tipos diferentes de IVA a la prestación de un servicio de idéntica naturaleza que se considera además esencial", destaca el PP.
Sin embargo, añade el principal partido de la oposición al Gobierno en su enmienda, "la discriminación permanece para los servicios asistencialmente puramente privados".
