Multas inteligentes. Es el término que viene utilizando la Comisión Europea y que define el espíritu de su propuesta de reformas de las reglas fiscales que ha presentado este miércoles. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, explicó que la cuantía de las sanciones financieras se rebajará en un escenario en que se quiere que sean más frecuentes y efectivas pero más reducidas. Bruselas tiene además otro tipo de sanciones en mente, las citadas multas inteligentes, que quiere basar en la publicidad y en poner el foco público sobre el Gobierno incumplidor, según ha podido saber Vozpópuli.

Se trata de que los hombres de negro, una misión de alto nivel, visiten el país incumplidor y afeen al Ejecutivo en el parlamento nacional sus fallos, en una especie de escarnio público que difundirán en notas y ruedas de prensa. También está previsto llamar a filas al ministro de Economía del país en cuestión, que será reconvenido en la Eurocámara, donde deberá explicar qué está pasando con sus cuentas. Esto pondrá presión, luz y taquígrafos sobre el Gobierno, al que se quiere hacer sentir incómodo.

La Comisión plantea estas medidas ante la escasa eficacia del modelo ahora suspendido por la pandemia y la guerra, más estricto pero que no ha funcionado. Y desde el convencimiento de que no parece lo más adecuado imponer sanciones onerosas a un país con dificultades financieras.

El diseño de Bruselas pone el foco en la deuda y prevé que países con una deuda elevada como España -que espera que sea el tercer Estado miembro con una ratio sobre PIB más elevada sólo por detrás de Grecia e Italia- tengan que realizar un ajuste fiscal completo. Desde el convencimiento de que un esquema de control anual no ha funcionado y que llevaba a esconder el incumplimiento de un año con los compromisos del siguiente, plantea un horizonte de cuatro años, en que deberán hacer el plan de ajuste. Es decir, una legislatura.

Esto significa que si las nuevas reglas van a entrar en vigor en 2024, lo que coincide con la llegada del nuevo gobierno español -y deja fuera de controles al de Pedro Sánchez-, no será hasta 2028 cuando el ejecutivo que sea elegido a finales de 2023 deberá completar el ajuste y rendir cuentas y cuando podrá ser objeto de escarnio público. Esto tampoco lo hará la Comisión Europea actual, que acaba su mandato en 2024.

De esta forma, defiende una senda de gasto neto a medio plazo que esté sujeta a la deuda específica de cada Estado miembro y que tenga un plazo de cuatro años ampliable hasta un máximo de siete, y prevé un mayor abanico de sanciones, pero con reducción de importes.

La propuesta mantiene algunas de las obligaciones de las reglas ahora suspendidas por la pandemia, como el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), que continúa en un máximo del 3%, mientras que el PDE basado en la deuda se reforzará y se activará cuando un Estado miembro con una deuda superior al 60% del PIB se desvía de la senda de gasto neto acordada.

La nueva senda de gasto clasificará a los Estados miembros en tres categorías en base a la deuda pública que acumulen. Los países con una deuda "sustancial" deberán alcanzar un ajuste fiscal completo en el horizonte de este plan, es decir, cuatro años, que se reducen a tres en el caso de las economías con una deuda "moderada", mientras que aquellos con una deuda "baja" no tendrán la obligación de realizar ajustes.

La propuesta contempla que para los países que tengan una gran deuda pública el periodo de 4 años tenga una posibilidad de extensión hasta un máximo de siete si estos se comprometen a realizar reformas o inversiones. En todo caso, los Estados miembros deben asegurar que la deuda está en una senda de descenso plausible.

Han surgido críticas al modelo por laxo desde Alemania. Bruselas ha subrayado que los cambios que propone en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no significan que se vayan a alcanzar acuerdos bilaterales entre la Comisión europea y el Estado miembro en cuestión, sino que cada uno de los planes estructurales tendrán que ser respaldados por el Consejo.

La posición del Gobierno español

El Gobierno español maniobraba desde el pasado otoño para que se adaptaran las reglas fiscales y se estableciera una "regla de oro" para excluir del cómputo del déficit las inversiones verdes y digitales de los Next Generation. En enero, Pedro Sánchez aprovechó la visita a España del canciller alemán Olaf Scholz para intentar acercar posturas con el socialdemócrata recién llegado al gobierno, coaligado con los Verdes, pero el canciller se mostró firme en la ortodoxia en la rueda de prensa conjunta.

Este desencuentro entre Sánchez y Scholz se produjo un mes antes de la invasión de Ucrania. A principios de abril, Nadia Calviño consiguió incluso atraer a Holanda, tradicionalmente partidaria de la ortodoxia fiscal, al plan español de reglas fiscales a la carta. Sin embargo, el Gobierno de Países Bajos ha corregido esta posición en los últimos días.

La guerra de Ucrania ha frenado la vuelta en 2023 a las reglas fiscales suspendidas desde 2020 por la pandemia. El Gobierno español va a ser uno de los más beneficiados por este dictamen, que le libra de entrada de un ajuste que debería acometer además en víspera de las elecciones generales.

España se jugaba mucho con el posible el retorno de estas reglas. En concreto, el objetivo de déficit público marcado por el Gobierno para este año se sitúa aún en el 5% del PIB, dos puntos por encima del límite del 3%; mientras que la deuda pública se reducirá hasta el 115,1%, todavía casi duplicando la regla del 60%. En el caso del déficit, por ejemplo, habría que hacer frente a un desfase cercano a los 25.000 millones de euros.

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