No hubo milagro. La tardía reacción del Gobierno para fomentar un acuerdo entre patronal y sindicatos de la estiba, mediante una oferta económica formal en forma de prejubilaciones pagadas con dinero público, no logró desbloquear las negociaciones entre las partes. Y, lo que es más grave para el Ejecutivo, condena al fracaso la convalidación del Real Decreto Ley de reforma del sector aprobado hace tres semanas por el consejo de ministros.
Porque sin un acuerdo firme de negociación colectiva, el PSOE votará en contra de la convalidación, lo que, contando con el resto de negativas previstas en la Cámara Baja hará imposible que el Ejecutivo saque adelante la medida. Ni siquiera contando esta vez con el apoyo de Ciudadanos (al que pareció convencer la última iniciativa del Ministerio de Fomento) y del PNV, que podría plantearse dar también el sí.
Por ello, el Ejecutivo hizo este miércoles un intento, a la desesperada y por sorpresa, de propiciar el ansiado acuerdo entre patronal y sindicatos. En contra de lo que venía haciendo hasta ahora, se presentó en la mesa de negociación y, además, con propuestas de tipo económico para facilitar el acuerdo. Al estilo de los años 80, el Gobierno ha puesto encima de la mesa una suerte de reconversión industrial de la estiba, dando forma y poniendo cifras a los mensajes que había lanzado en los últimos días.
El Ministerio de Fomento trasladó como oferta un plan de prejubilaciones voluntarias para los estibadores mayores de 50 años. Los que aceptaran pasarían a percibir un 70% de su salario.
Oferta insuficiente
Días antes, el titular de la cartera, Íñigo de la Serna, aseguró que estaba dispuesto a garantizar el mantenimiento del 100% del empleo en el sector pese a una reforma que pretende acabar con un sistema monopolístico que permitirá a las empresas estibadoras acudir al mercado libre para contratar trabajadores con sueldos más competitivos. Sin embargo, los sindicatos no se fían de que los efectos de la oferta de Moncloa sean precisamente los que pregona De la Serna.
De esta forma, tras una larga reunión que se extendió a lo largo de toda la tarde de este miércoles, patronal y sindicatos se levantaron de la mesa sin firmar ningún acuerdo. Ni estuvieron cerca de hacerlo. Para los representantes de los trabajadores, la oferta del Gobierno es insuficiente, llega tarde y, además, ni de lejos asegura el mantenimiento del empleo.
Una de las realidades que pudo constatar el Ejecutivo en la reunión es que la postura de los estibadores sigue siendo la de modificar los términos del Real Decreto Ley para que sus reivindicaciones se incluyan en la norma. Algo que sería de inmediato vetado por la Comisión Europea, que en su día estableció las líneas rojas de la normativa, toda vez que este llega como consecuencia del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó a España en diciembre de 2014 porque su sistema de estiba atentaba contra los principios de los Tratados de la Unión.
La multa de Bruselas, más cerca
Fuentes relacionadas con los asistentes a la reunión (que, por cierto, era de carácter técnico y, por lo tanto, no contaba con la presencia de los principales representantes de las partes) señalan que el escaso margen de tiempo hacía imposible ningún tipo de acuerdo. "En las negociaciones hay tiras y aflojas. Las primeras propuestas casi nunca son aceptadas. Pero, en este caso, el Gobierno solo tenía una bala y ha fallado".
Salvo sorpresa de última hora, en forma de ausencia inesperada de diputados, el Real Decreto no se convalidará este jueves y quedará derogado. El Gobierno se vería obligado a volverlo a aprobar y abrir de nuevo el proceso de convalidación. Un tiempo del que no dispone. En su reciente visita a España, la comisaria europea de Transportes, Violeta Bluc, advirtió de que al Gobierno se le acababa el tiempo. "Si no aprueba la norma antes del 24 de marzo, la Comisión Europea tomará medidas".
Las medidas serán en forma de multa económica. Una sanción histórica por su cuantía. Más de 22 millones de euros y 134.000 euros diarios adicionales hasta que se apruebe la normativa. Y también porque sería la primera vez en la historia que el Reino de España es multado por no ejecutar una sentencia comunitaria.
