El inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña está previsto para dos años después de que se certificara su cierre definitivo, es decir, a mediados del próximo 2019. Las estimaciones sobre el coste total de la operación son diversas, aunque todas apuntan a que superar los 400 millones de euros. Lo que ya está en marcha es el estudio de ingeniería encargado por la Empresa Nacional de Residuos Urbanos (Enresa) para comenzar el desmantelamiento, que ya da una idea de que la maniobra no va a ser barata, toda vez que el plan está presupuestado en más de diez millones de euros.
Cifras de auténtico récord para el sector de la ingeniería. Para hacerse una idea, ni un gran tramo de ferrocarril de alta velocidad alcanza la cuarta parte de la cantidad prevista para costear el plan de ingeniería para el desmantelamiento de la central, en una operación para la que tan sólo existe un precedente en España: el de la planta de Zorita.
La complejidad del desmantelamiento y los múltiples requisitos de seguridad necesarios para llevar a cabo la maniobra explican que los presupuestos se disparen de esta forma. No es de extrañar que en el sector se hayan encendido las luces de alarma ante un posible cierre en cadena de los siete reactores nucleares restantes al final de su vida útil, como en principio pretende el actual Gobierno, especialmente teniendo en cuenta la situación de déficit que presenta en la actualidad el fondo de Enresa, al que contribuyen las operadoras de las centrales (las principales compañías eléctricas) y que está destinado precisamente a menesteres como éstos.
La adjudicación del contrato para diseñar la ingeniería del desmantelamiento de la central de Garoña se adjudicará a comienzos del próximo año. Para finales de enero está previsto que se den a conocer las diferentes ofertas recibidas, un proceso que presenta un cierto retraso con respecto al calendario establecido en un principio, que planteaba que las diferentes propuestas se presentaran antes de que concluyera el año.
El problema de los residuos
Sin embargo, con la modificación introducida en la licitación, los aspirantes a hacerse con el complejo contrato dispondrán de más tiempo para elaborar sus ofertas, en concreto hasta finales del mes de noviembre.
Tras los preceptivos informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en los que se fijaban los requisitos que debería cumplir la central para prolongar su actividad más allá de lo que le permitió en su día el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras alcanzar el límite de los 40 años de su vida útil, el Ejecutivo se pronunció a comienzos de agosto de 2017 y optó por no autorizar la prolongación de la actividad en Garoña.
Este verano, al cumplirse un año de la decisión del Gobierno, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), la propietaria de la central, comunicó a los ayuntamientos de los municipios de la zona en la que está ubicada la planta que los trabajos de desmantelamiento de la misma comenzarían en el segundo semestre de 2019, una vez que el plan contara con el visto bueno del CSN y también de Enresa.
Las estimaciones sobre el coste total de la operación varían en una amplia horquilla que va desde los 400 a los más de 600 millones de euros. Y todo ello sin contar con el coste del tratamiento de los residuos, toda vez que sigue sin actualizarse el plan que realizaban periódicamente los diferentes gobiernos al respecto. Los últimos apuntaban a cifras que superaban ampliamente los 14.000 millones de euros para todo el sector.
