Economía

El Gobierno expropia el dominio de internet "Sareb.es" para el banco malo

El Gobierno ha expropiado el dominio Sareb.com a alguien más malo que el banco malo. Un internauta registró ese nombre horas después de que el Ejecutivo anunciara su creación y pedía más de 100.000 euros por él. El Ejecutivo pagará 12€ al año por él como "compensación" por los gastos en los que ha incurrido, alegando "interés general".

  • El Gobierno expropia el dominio de internet para alojar el banco malo.

El Gobierno ha concluido la expropiación del dominio Sareb.com a alguien más malo que el banco malo. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha cancelado ya el dominio "sareb.es" que había registrado horas después de que el Ejecutivo anunciara la creación de la sociedad que debe reordenar los activos tóxicos de la banca. Un internauta se hizo con ese registro y pedía más de 100.000 euros por él. El Ejecutivo ha acordado "compensarle" por los gastos incurridos para el registro del nombre, lo que --según fuentes del ministerio-- suma una cuantía de 12 euros al año.

Red.es explicó en un comunicado reciente que se había producido un uso "abusivo" de ese registro. "Cada cierto tiempo surge la necesidad de recuperar nombres de dominio '.es' que han sido registrados por personas o entidades privadas y que presentan un elevado interés para la Administración. En muchas ocasiones, los titulares de estos nombres de dominio los registran con fines especulativos", añade el comunicado de la entidad.

Red.es afirma que no es una expropiación forzosoa

Red.es remitió el 19 de diciembre una notificación por el que informaba sobre el procedimiento de expropiación. En esa comunicación aseguraba que quienes se hicieron con el nombre debían plegarse al "interés general" frente a "quien no representa ese interés general, y en consecuencia, dispone del uso de un recurso público que legítimamente no le corresponde. Por esta razón, bajo ningún concepto puede hablarse de expropiación forzosa", concluía Red.es.

El internauta ha expresado ya su intención de presentar un recurso contencioso administrativo ante los tribunales.

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