La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) calcula que el Estado deberá aportar 7.988 millones de euros en 2027 para poder amortizar la deuda que la sociedad contrajo en el momento de su creación, en el caso de que no se prolongue su vida más allá de ese año.
Así lo recoge el informe de la comisión de seguimiento de Sareb remitido a las Cortes Generales, al que ha tenido acceso Europa Press, que incluye información relativa a la última actualización de su Plan de Negocio 2021-2027.
Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008. En el momento de su constitución, emitió 50.781 millones de euros de deuda avalada por el Tesoro como medio pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas, una deuda que va amortizando a medida que genera ingresos con la venta y gestión de dichos activos.
Si en el momento de su liquidación, prevista para 2027, no hubiese sido capaz de amortizar completamente la deuda, sería el Tesoro quien, como avalista, debería aportar el capital pendiente.
Al cierre de 2020, Sareb había cancelado el 31,2% de dicha deuda, por un total de 15.863 millones de euros. En la última actualización de su plan de negocio, reconoce la imposibilidad de generar flujos de caja suficientes a lo largo del periodo para amortizar íntegramente la deuda emitida por la compañía.
El escenario central del plan de Sareb contempla la total liquidación de sus activos en 2027, con una venta mayorista en el último año de aquellos que no se hubiesen desinvertido durante la vida de la entidad.
Aunque el importe que el Estado debería aportar para amortizar la deuda en ese momento dependerá de la evolución de una serie de hipótesis, entre las que destaca la evolución de los precios de los activos inmobiliarios a lo largo de cada ejercicio, el documento al que ha tenido acceso Europa Press cifra ese déficit de caja final en 7.988 millones de euros.
La liquidación de Sareb está prevista para 2027, pero el Gobierno podría acordar extender este plazo más allá de ese año para favorecer la amortización de la deuda, lo que requeriría de un cambio legislativo.
El Plan de Negocio maneja dos escenarios alternativos que recogen el supuesto de extender la vida de Sareb hasta 2032. Uno de ellos reduce la deuda que tendría que asumir el Estado a 5.712 millones de euros, aprovechando la extensión del plazo para el desarrollo y venta de suelo y negocio promotor.
El tercer escenario es un análisis de sensibilidad, que determina qué hipótesis de comportamiento del mercado inmobiliario sería compatibles con que el déficit final fuese cero.
Incertidumbres jurídicas
El informe de la comisión de seguimiento también recoge algunas apreciaciones de la Dirección General de Supervisión del Banco de España sobre el Plan de Negocio de Sareb.
Si bien reconoce que no había analizar el plan en profundidad, la Dirección General de Supervisión consideró "positivo" que Sareb introdujese en las sucesivas actualizaciones "hipótesis cada vez más realistas/conservadoras que se ponen de manifiesto en el mayor déficit de caja previsto para la compañía".
El supervisor resaltó también que el plan no resolvía los interrogantes jurídicos, económicos, operativos y de gobernanza que se plantean en el futuro inmediato de Sareb y que deberán aclararse cuanto antes para que la sociedad pueda centrar sus esfuerzos en la mejor consecución de su mandato.
"Vistos los resultados de los dos últimos planes de negocio", este mandato "no es otro que la liquidación de los activos con el menor coste para el Estado", señala el Banco de España.
