El envío de cartas ha caído en picado. Un motivo que considera suficiente la asociación empresarial UNO Logística, que representa a los gigantes de la mensajería en España como Seur, DHL o MRW, para reclamar una rebaja en la compensación pública que se da por el servicio postal que, en territorio, corresponde de manera exclusiva a la empresa pública Correos.
"Se necesitan medidas que permitan ajustar el sobredimensionado ámbito del servicio postal para que sea acorde a las necesidades reales del mercado, es decir, al descenso del uso del correo tradicional y al incremento del comercio electrónico", reclama Francisco Aranda, presidente de UNO, tras su participación en unas jornadas organizadas por la Comisión Europea en Bruselas sobre el servicio postal.
Entre 2010 y 2018, Correos ha recibido cerca de 1.400 millones de euros por el Servicio Postal Universal (SPU). Este servicio, que garantiza a todos a todos los ciudadanos poder enviar y recibir correspondencia, se compensa a través de las arcas públicas y representa menos del 10% de los ingresos anuales que logra esta empresa pública de mensajería. Este mismo ejercicio, Correos esperaba ingresar 150 millones por el SPU, aunque el bloqueo político y la falta de nuevos presupuestos dificultan poder alcanzar esta recaudación.
Una cuantía que va variando según el año. La compañía de mensajería pública ha reivindicado de manera pública, en varias ocasiones, que es necesario estabilizar esta compensación para poder cuadrar sus cuentas. Un punto que comparte UNO, aunque va más allá. "En Bruselas hemos abordado la necesidad de saber cuánto vale este servicio para que su financiación se ajuste, aumentar la transparencia del SPU y evitar que se materialicen conductas anticompetitivas financiadas desde las ayudas de Estado a los correos públicos", añade Aranda.
Se necesitan medidas que permitan ajustar el sobredimensionado ámbito del servicio postal para que sea acorde a las necesidades reales del mercado"
UNO recuerda que, en julio de 2018, la Comisión Europea ordenó al operador público español reintegrar 167 millones de euros por las cantidades recibidas en el periodo 2004-2010. Este pago de Correos se produjo porque Bruselas sentenció que existía una “compensación excesiva” por la prestación del servicio postal universal obligatorio. Por otro lado, Francisco Aranda recuerda que organismo como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) han alertado sobre la situación que vive el servicio postal en España.
Correos ha preferido no realizar declaraciones sobre este asunto. Aunque su filial de paquetería urgente, Correos Express, este integrada dentro de este 'lobby' de empresas logísticas que critica su contrato con el Estado para este servicio. "Si detectamos que una empresa no lo está haciendo bien, pues habrá que decirlo", detalla el presidente de la patronal.
¿Un concurso para el SPU?
Además de adelgazar el presupuesto público que se dedica al servicio postal, los representantes de las grandes empresas privadas de mensajería en España no descartan la posibilidad de que el SPU pueda ser operado por otras empresas que no sean Correos. "El objetivo tiene que ser que el servicio sea bueno, sin importar quién es el mensajero", considera Francisco Aranda.
La patronal matiza que este servicio postal universal debe acortarse al envío y recibo de cartas, separando el envío de paquetería. Y, por último, destaca que la dimensión internacional del comercio electrónico es una oportunidad que abre la puerta a una regulación del mercado postal a nivel internacional.
