No sólo pretende evitar la nacionalización de CEISS. También no castigar más sus cuentas. La ruptura de la fusión entre Unicaja y las antiguas cajas castellanoleonesas implicaría un sobrecoste para el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 340 millones, ya que tendría que compensar con 688 millones a los afectados por las preferentes y deuda subordinada en un arbitraje. De completarse la fusión, la cifra que tendría que aportar el fondo de rescate por compensación a los minoritarios se limita a 350 millones, según fuentes de la institución presidida por Antonio Carrascosa. El resto de la cantidad, en caso de acuerdo, estará soportado por la entidad malagueña que entregará bonos por esa cifra a aquellos clientes de CEISS que hayan sufrido una mala comercialización de sus productos híbridos.
El fondo de rescate estima que más del 60% de los afectados minoritarios compraron unos títulos mal comercializados y, por tanto, tendrían derecho a compensación en el mecanismo de revisión que establece la oferta de canje presentada por Unicaja. Según el FROB, cada afectado podría llegar a recuperar el 100% de su inversión nominal. En esta oferta, la entidad presidida por Braulio Medel devolverá en bonos (cocos y perpetuos que se harán líquidos una vez que Unicaja cotice en Bolsa a partir de 2016) entre el 18% al 35% (según la emisión) a cada afectado y el resto (entorno al 65%) será reembolsado por el FROB. Con este esquema, el fondo de rescate sólo podría llegar a pagar 351 millones.
Sin embargo, si se rompe el acuerdo, porque no Unicaja no logra el mínimo del 75% del capital de CEISS con el canje de sus preferentes y deuda subordinada, los afectados tendrán derecho a acudir a un proceso arbitral similar al que han tenido acceso los clientes de Bankia, Catalunya Caixa y Novagalicia. En este caso, el FROB tendría que hacerse cargo de la compensación (340 millones) que soporta Unicaja en su oferta de canje.
Este es uno de los motivos por los que el fondo de rescate realizó el pasado viernes un verdadero llamamiento para que los accionistas minoritarios de CEISS acepten la ecuación de canje realizada por Unicaja. Hasta entonces, el 50% de los accionistas de las antiguas cajas castellanoleonesas habían suscrito la oferta. Sin embargo, la mayor parte de este porcentaje está soportado por los accionistas institucionales, que han rubricado el canje en cerca de un 98%.
Sin fusión, el FROB podría llegar a compensar a los afectados con 688 millones, mientras que si se realiza la operación, el coste máximo para el fondo de rescate ronda los 350 millones
De esta manera, los afectados por las preferentes tendrán, durante esta semana, que canjear sus títulos por un volumen de 280 millones para alcanzar el mínimo de capital de 862 millones solicitado por Unicaja, que supone el 75% de los 1.150 millones de productos híbridos de CEISS que quedó tras la quita a la que obligó el rescate bancario. En caso contrario, la fusión se romperá salvo que Medel decida aceptar la operación con un umbral de capital más bajo, lo que sería una auténtica sospecha puesto que esa cifra parece irrenunciable para el banquero sevillano.
Una cifra difícil de conseguir en apenas una semana, cuando durante todo el proceso de canje consumido, algo más de un mes, la aceptación de los preferentistas minoristas apenas ha aportado en el entorno de los 240 millones de capital. Mientras, los inversores institucionales han sumado 330 millones a la operación. En el FROB consideran posible que pueda alcanzarse la cantidad necesaria en apenas una semana puesto que muchos procesos se encuentran avanzados y sólo faltan confirmarse.
El clima, además, no parece el más apropiado para que pueda alcanzarse este objetivo. El conflicto entre Unicaja y los bufetes de abogados que asesoran a la mayor parte de los afectados por los productos híbridos de CEISS, con amenazas de demandas de por medio, se recrudeció este viernes con el envío de un burofax de la entidad malagueña a alguno de estos bufetes en el que les conminaba a retirar todos los anuncios en medios de comunicación en los que recomiendan sus servicios. “La forma en la que ustedes publicitan sus servicios podría ocasionar perjuicios a Unicaja, ya que dichos anuncios están interfiriendo indebidamente en una oferta pública formulada en cumplimiento de la legalidad y validada por las autoridades competentes, pudiendo, además, influir indebidamente en la libertad de elección de Bonos”, asegura uno de los párrafos del burofax remitido por Unicaja.
