El 5 de marzo tendrá lugar un episodio mas de la guerra judicial que enfrenta a Vodafone con la antigua cúpula directiva de ONO. El operador inglés compró ONO en 2014, una operación tasada en 7.200 millones de euros con la que la teleco reforzaba su estructura para ofrecer un mejor servicio en el apartado de fibra óptica. Los juzgados emitirán una resolución sobre el recurso de apelación, por el cual Vodafone reclama 72 millones de euros a la antigua cúpula del operador de cable.
Tras la compra, Vodafone denunció irregularidades y mala fe por parte de los directivos de ONO durante las conversaciones que rodearon la adquisición. La compañía dirigida por Antonio Coimbra reclamó en la demanda 140 millones de euros en concepto de daños y pejuicios, acusando de negligencia de la cúpula de ONO.
Vodafone sostenía su demanda en que los directivos de ONO, con José María Castellanos al frente de la compañía, su ex consejera delegada, Rosalía Portela, y su ex director financiero, Carlos Sagasta, ocultaron información sensible para la operación de compra.
Vodafone acusó en su día a ONO de negligencia y fraude en el IVA
Además reflejó en la denuncia irregularidades en el mercado de la reventa internacional de la voz. Vodafone aseguró en su día que se habían eliminado los controles sobre este concepto, provocando una trama de fraude de IVA.
Entre esa ocultación de información, Vodafone destacó una investigación por parte de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) a la cúpula de ONO por irregularidades en la venta de determinados servicios. Con esta operación querían asegurarse el cobro del bonus en el caso de la venta de ONO -que se produjo posteriormente-.
Cabe recurrir
Los tribunales dirimieron que ONO había procedido con transparencia. Vodafone sabía antes de la formalización de la compra de la compañía de la situación de la misma. Sin embargo, Vodafone decidió recurrir la decisión. El siguiente juicio de este caso se esperaba para finales de este año, pero el proceso se ha adelantado a este 5 de marzo.
Vodafone reclama en este caso 72 millones de euros de nuevo por una supuesta actuación negligente de los directivos de ONO, como el engrosamiento irreal del valor de la compañía. La decisión que tomen los tribunales no será en cualquier caso definitiva, ya que las partes podrán recurrir la misma. Vodafone decidió en su día reducir a la mitad el montante económico reclamado incialmente.
