Yolanda Díaz aspira a incrementar su poder y competencias en el gobierno que perfila Pedro Sánchez y que gane peso la influencia de Sumar frente a la que ha tenido Podemos. Si no puede aumentar la cuota de los morados, no sólo tratará de mantenerla sino de que se refuerce asumiendo carteras económicas de peso que tradicionalmente ha concentrado el PSOE. Díaz coquetea desde hace tiempo con competencias de Asuntos Económicos -para lo que la muy probable salida de Nadia Calviño le da alas- e Incluso Agricultura, a cuenta de la lucha contra la inflación y desde hace meses apunta sin disimulo a Industria. Un objetivo que plantea con ambición, ya que quiere que la SEPI deje de depender de Hacienda para mejorar el desarrollo industrial de España. En un contexto en el que el Gobierno ya ha hecho pública su intención de que esta Sociedad Estatal entre en Telefónica.

Y en un escenario en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se perfila con peso en el próximo gabinete.

Sin embargo, en su entorno dan por descontado que Díaz mantiene Trabajo. Lo que buscaría es que un ministro de Sumar lidere Industria, un puesto para el que suena Nacho Álvarez, secretario de Estado de Servicios Sociales, que ha pasado de ser el negociador económico de Podemos a ser el de Díaz y que ha cerrado el acuerdo de gobierno con el PSOE.

La querencia por la cartera de Industria la asumió explícitamente la portavoz del Grupo de Sumar en el Congreso, Marta Lois, en RNE este jueves. Precisamente en el primer día del debate de investidura de Sánchez, en el que Díaz le advirtió desde la tribuna de que tratará de desvincular la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del Ministerio de Hacienda para mejorar el desarrollo industrial de España.

Díaz enfatizó en su discurso también la necesidad de impulsar el desarrollo industrial "que necesita España". En este plano es donde la titular de Trabajo en funciones ha subrayado que la SEPI y sus empresas públicas "no pueden seguir dependiendo del Ministerio de Hacienda", porque, a su juicio, supone "no poder practicar una política industrial firme".

En contraste, la vicepresidenta cree en otras fórmulas como es la financiación pública y no sólo la convencional. "Nosotros no compartimos con ustedes, señorías del PSOE, que para emprender, para desarrollar la industria, nos limitemos sólo a la financiación convencional", ha remachado Díaz, que además ha indicado que son varios los países del entorno los que apuestan por esa financiación pública.

Esto ya se plasmó en el acuerdo de gobierno con el PSOE, en el que la palabra Industria aparece 15 veces, por 18 Trabajo y en el que se esbozan planes de política industrial, reindustrialización y autonomía estratégica.

"Revisaremos los instrumentos financieros al servicio del sector productivo (ICO, CDTI, ENISA y otros) con el objeto de mejorar la eficacia de la Administración Pública para financiar e impulsar proyectos de transformación económica, en concreto aquellos relacionados con la transición ecológica y la reindustrialización, contribuyendo al desarrollo de proyectos industriales y empresariales", dice el acuerdo sobre estos instrumentos que ha citado este jueves en el Congreso.

Pero ya el 14 de junio, Díaz ha acabó un su discurso en el 25 Aniversario de Cinco Días apuntando contra el modelo de empresas públicas de la SEPI. "Estoy viendo aquí entre las empresas patrocinadoras a Navantia, que pertenece a la SEPI. La SEPI depende de Hacienda y es muy raro. La SEPI tiene que ser modernizada, con sus 15 grandes empresas, como el caso de la Agencia EFE, Correos y Navantia", detalló.

Un interés por la Industria, junto con el mundo laboral, muy presente en su biografía. Su padre, Suso Díaz, fue secretario general de Comisiones Obreras en Galicia, y Díaz se crió en una barriada obrera al pie del astillero de Astano, después Navantia, en el contexto de la crisis del petróleo a la que siguió un proceso de reconversión industrial.

Sanidad y ¿Vivienda?

El primer ejemplo de este avance del área de Podemos hacia carteras de peso fue ella misma, que asumió el Ministerio de Trabajo en 2020 como una cesión de Sánchez a Pablo Iglesias. Sin embargo, Sánchez no quiso entonces que una diputada gallega de Podemos poco conocida en Madrid fuera de los grupos del Congreso gestionará también la Seguridad Social, que pretendía dejar en manos de Magdalena Valerio. Ésta se negó y prefirió salir del Gobierno.

Pues bien, ahora la negociación se mueve entre cuatro o cinco Ministerios dependiendo del número final del Gabinete, en el que también plantea asumir Sanidad, ministerio hasta ahora socialista, para el que hace méritos Mónica García, y ha mostrado interés en Vivienda, para el que Ada Colau finalmente se ha descartado.

El todavía presidente en funciones hace guiños a Díaz en las últimas semanas, desde reconocimientos explícitos a los posibles lapsus, como en la presentación del pacto de gobierno con Sumar, en el que en una escenografía de armonía plena se refirió a Díaz como "la vice", un apelativo con el que en el Gobierno suelen referirse a la actual vicepresidenta primera y titular de Economía. Y que en otros Ejecutivos, como el de Mariano Rajoy, también se usaba para la número dos, Soraya Sáenz de Santamaría.

En el debate de investidura hasta asumió un giro muy característico de Díaz: "Las gentes".

Lo cierto es que Díaz, ya sin la mordaza de Podemos, tiene más legitimidad para asumir un rol más importante en la coalición. La líder de Sumar tiene los votos que le dieron los españoles como aval ante el PSOE. Hasta ahora, su pertenencia en Moncloa era el resultado de la decisión de Pablo Iglesias. Pero con los morados reducidos a su mínima expresión, cabe esperar que Díaz logre más consideración en el Consejo de Ministros. Sánchez cuida la imagen de Díaz. Lo ha hecho siempre que él lo ha necesitado políticamente. El presidente vende que sus gobiernos son "de coalición progresistas". Y su devenir está atado al de Yolanda Díaz en la culminación del ticket progresista que plantearon ya en la moción de censura de Ramón Tamames y Vox y con el que concurrieron a las elecciones generales el 23-J.

Díaz siempre fue el contrapeso de la ortodoxia de Calviño. Pero también ha adquirido un peso internacional cada vez mayor, especialmente en Bruselas. La vicepresidenta ha buscado erigirse en un referente en políticas laborales en otros países comunitarios que, según se equipo, no hacen más que preguntarle por la reforma laboral, la ley rider, etc. La líder de Sumar lleva tiempo advirtiendo de que la economía debe cambiar y también plantea un discurso cada vez más extenso sobre impuestos: "La cuestión está en quién paga impuestos. En mi país, y en el mundo, asistimos a una auténtica deserción fiscal de los híper ricos. El 80% de recaudación del IRPF es sobre las rentas. No hay nada menos democrático que decirle a nuestro país que quien está soportando la dependencia, los cuidados… lo hacen, una vez más, los trabajadores y trabajadoras", dijo hace más de un año junto al economista francés Thomas Piketty.

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