El Banco de España pretende sancionar a Avalmadrid, a personas que han formado parte de su Consejo de Administración y que han desempeñado el cargo del director general y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid por "negligencia".
En concreto, el organismo supervisor propone una sanción de 100.000 euros a Avalmadrid y otra de 50.000 euros a la Consejería de Economía y Hacienda, mientras que las sanciones de los cargos de administración y dirección se determinarán caso por caso, pudiendo presentar alegaciones todos los expedientados.
En concreto, se enfrentan a sanciones Jesús Alejandro Vidart Anchía, José María Rotellar García (exviceconsejero de Hacienda), Manuel Beltrán Pedreira, Juan Ignacio Iranzo Martín, Valentín Bote Álvarez-Carrasco, Pedro Irigoyen Barja, Alfonso Carcasona García, Fernando Rodríguez Sousa, Jesús Martínez Sanz, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa (expresidente de CEIM), Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo y Jorge Morán Santor.
Entre los expedientados también se encuentran la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, CEIM y otras entidades, según el expediente al que ha tenido acceso Europa Press y adelantado por la Cadena Ser. El origen del procedimiento es una visita de inspección del Banco de España a Avalmadrid en el año 2012, cuando se constató la necesidad de aplicar una política crediticia que redujera la concentración de riesgos, así como de mejorar los procedimientos de seguimiento del riesgo.
El Banco de España emitió un informe con requerimientos sobre ambas cuestiones que fue respondido por la entidad mediante carta, en la que se comprometió a implementar medidas a partir del 1 de enero de 2013, si bien no lo hizo hasta octubre de 2014 en el caso de la concentración de riesgos, y hasta al menos el 21 de junio de 2018 en cuanto al seguimiento del riesgo.
Entre las deficiencias en el seguimiento del riesgo, el Banco de España señala que la revisión de riesgos no se efectúa con la periodicidad establecida o que en los informes no hay conclusiones ni decisiones claras, entre otras. El supervisor considera las infracciones cometidas como "graves" aunque las sanciones que propone están en la parte baja de la horquilla posible, sin haber apreciado existencia de dolo, pero sí de "negligencia".
El presidente de CEIM, Miguel Garrido, se ha pronunciado al respecto en declaraciones a los medios en una reunión con sindicatos, pero se ha limitado a decir que los servicios jurídicos lo están estudiando. También ha recordado que se trata de una propuesta de sanción por parte del Banco de España "sobre la cual cabe alegaciones", por lo que ha dicho que supone que los afectados alegarán.
