El Consejo Superior de Deportes (CSD) del Gobierno trabaja ya en la fórmula para socorrer a las directivas del Fútbol Club Barcelona y el Athletic de Bilbao, cuyas Juntas deberían, con la legislación vigente, avalar con su patrimonio personal los números rojos de sus clubes. Un decreto del Ejecutivo central ya limitó dichos avales a las pérdidas no achacables a la pandemia.
El caso de los directivos del Barcelona es el más acuciante por la posible cifra que sus directivos tendrían que avalar a juicio de La Liga, encargada ahora de cifrar los avales a tenor de la Ley del Deporte de 1990.
La cantidad a avalar por Laporta y compañía podría llegar a ser de 225 millones de euros, por encima de los 125 millones con los que asumió la presidencia la última temporada no sin dificultades. En el caso de la Junta del Athletic, la cifra superaría los 20 millones que venía avalando hasta ahora.
Fuentes cercanas a la entidad dependiente del ministerio de Cultura y Deporte de Miquel Iceta dan ahora por seguro que la nueva Ley del Deporte, que se pretende llevar al Parlamento antes de fin de año, incluirá la modificación necesaria
El CSD ve con buenos ojos satisfacer el reclamo del presidente del Barça de que cada club que no sea Sociedad Anónima Deportiva decida por su cuenta la cantidad a avalar, informó ya este medio.
Fuentes cercanas a la entidad dependiente del ministerio de Cultura y Deporte de Miquel Iceta dan ahora por seguro que la nueva Ley del Deporte, que se pretende llevar al Parlamento antes de fin de año, incluirá la modificación necesaria. Dicha modificación beneficiará a largo plazo a las directivas de los cuatro clubes de primera que no son SAD: Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna.
El actual ejercicio del Barcelona y Athletic
No obstante, los plazos parlamentarios y administrativos de una solución de fondo que ya se da por hecha chocan de momento con los de La Liga, que se ciñe, al menos de momento, a la ley en vigor desde 1990.
Tras un cruce de informes con el Barcelona y el propio CSD, la patronal de los clubes ha dado a los blaugranas tiempo hasta enero de 2022 sobre el nuevo aval, si bien ha advertido de que podría ejecutar el actual este mes de noviembre para cubrir las pérdidas de la última temporada. En ese caso, los fondos revertirían en el propio club.
Al pedido del Barcelona se suman las enmiendas del propio Partido Nacionalista Vasco al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2022. Inciden en la necesidad de agilizar los plazos de la modificación legal auspiciada por el Gobierno de cara a que pueda entrar en vigor este ejercicio
Al pedido de Laporta se suman las enmiendas del propio Partido Nacionalista Vasco al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2022. Una de ellas incide en la necesidad de agilizar los plazos de la modificación legal auspiciada por el Gobierno de cara a que pueda entrar en vigor este ejercicio. El argumento de los peneuvistas es que existen clubes con procesos electorales esta temporada, como es el caso del propio Athletic de Bilbao, inmerso ahora en una crisis institucional.
A preguntas de este diario, fuentes cercanas al CSD remarcan que la entidad que preside José Manuel Franco "ve con buenos ojos que los clubes decidan su aval" y trasladan tranquilidad ante la urgencia del caso para las juntas del Barcelona y Athletic.
Las mismas fuentes inciden en que "ya se pronunciarán" sobre "la fórmula" al efecto, que podría pasar por un Real Decreto de transición a la nueva Ley del Deporte, o de alguna moratoria excepcional por parte de alguna de las autoridades involucradas al calor de la tramitación de la nueva ley.
