El Gobierno encadena varias prórrogas de la moratoria concursal que permite a las empresas en situación de insolvencia sortear la declaración de este procedimiento e impide que sus acreedores lo soliciten. Sin embargo, esta medida -que estará vigente hasta el 30 de junio de 2022- no evita que los acreedores recurran a los juzgados para exigir ejecuciones particulares de las deudas.
Los despachos de abogados detallan que esta es una tendencia al alza durante la moratoria, en algunos casos incluso recurriendo a procesos penales como método de presión para forzar los pagos. Así lo detallan desde el departamento de procesal de Dentons. "Cada vez hay más consultas y se hace más uso del derecho penal para intentar amenazar o forzar a los deudores a que se comporten de otra manera", informan.
Ante la "ineficacia de los procedimientos civiles y mercantiles", desde el bufete más grande del mundo explican que "el derecho penal económico está dejando de ser 'ultima ratio', utilizándose muchas veces como medida de presión para intentar lograr objetivos civiles mediante figuras como la administración desleal y el fraude de acreedores". "El acreedor que interpone una querella de este tipo no persigue una represión penal, sino un medio para lograr cobrar", aclaran fuentes de Dentons.
Los abogados denuncian la falta de control sobre el estado de las empresas durante la moratoria concursal
Los distintos despachos consultados Vozpópuli coinciden en que la moratoria concursal puede ser una buena medida para empresas que se hayan visto afectadas por la covid, pero no debería aplicarse de manera indiscriminada y deberían haberse fijado unos requisitos en la ley. Javier Mata, socio responsable del área concursal de Andersen, denuncia la "falta de control sobre lo que están haciendo las empresas en este periodo de moratoria".
En esta línea, Manuel Gordillo, socio de Abencys, lamenta que “la moratoria concursal no está ayudando a esta finalidad sino todo lo contrario, posponiendo artificialmente la solución al problema. Muchas empresas en dificultades, que deberían haber afrontado ya medidas difíciles pero necesarias para su supervivencia, continúen agravando su estado y alejándose de una solución”.
Para Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), es a los acreedores a quien más está perjudicando la moratoria concursal, que a su vez son deudores de otros acreedores en la cadena. "También viven situaciones muy dramáticas y no pueden quedarse de brazos cruzados, necesitan cobrar sus deudas para mantener su actividad", señala Fernando Gutiérrez, socio responsable del área de procesal de Pinsent Masons España.
La moratoria eleva las ejecuciones
En base a esto, Fernando Gutiérrez destaca que "como las posibilidades de defender el concurso se dilatan cada vez más con la moratoria, los acreedores ya no pueden esperar más y tienen que recurrir a los tribunales". También resalta la "determinante" postura de los acreedores públicos, que "cada vez están ejecutando más créditos". "Si la Hacienda pública dicta diligencia de apremio o embargo de forma masiva, las empresas pueden encontrarse con serias dificultades", advierte.
Mata (Andersen) también confirma un aumento de ejecuciones. El experto reconoce que "el goteo es enorme", aunque cree que "debería ser mucho mayor" teniendo en cuenta los plazos de prescripción de las deudas. En su opinión, hay un cierto "abandono" de derechos por parte de los acreedores financieros, que se han "relajado" con los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Por su parte, Guillermo Prada, socio de la firma especializada en reestructuración financiera PradaGayoso, asegura que "hay una predisposición a colaborar a través del diálogo constructivo", pero reconoce que los acreedores "tienen en su mano la herramienta de acudir a los juzgados" durante el periodo de moratoria. Una opción a la que, según los distintos despachos consultados, están acudiendo.
En este sentido, abogados y expertos en estos procedimientos coinciden en que el concurso de acreedores es una "medida de protección" que tiene la empresa para evitar "una guerra desordenada" de los acreedores, que pueden hacer uso de vías indirectas como la penal para cobrar una deuda pendiente durante este periodo de moratoria.
Las fuentes consultadas por este periódico también destacan que si bien las empresas tienen la oportunidad de superar la crisis sin pasar por un proceso concursal, se enfrentan al riesgo de no ser capaces de reestructurar su negocio y agravar el concurso en el futuro. Por un lado, porque éste estará abocado a la liquidación; y, por otro, por las posibles responsabilidades en las que pudieran incurrir los administradores al mantener "artificialmente" la empresa sin adoptar otras medidas.
¿Avalancha de concursos en julio?
Los datos recopilados por el Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado del Consejo General de Economistas en materia de insolvencias– muestran que tras un estancamiento en la evolución concursal de las personas jurídicas en 2017 y 2018, en 2019 estos procedimientos crecieron un 3%. Sin embargo, ya en 2020, con la moratoria, se produjo una ligera disminución del 3,3% en el número de concursos de empresas respecto a 2019.
Sobre lo que ocurrirá a partir de julio de 2022, las opiniones son diversas. El CGE percibe como una amenaza "el posible colapso de los Juzgados", una visión compartida desde Andersen. Pinsent augura que "será inevitable una avalancha de concursos, salvo que de verdad se tomen medidas para agilizar los preconcursos" en el marco de la modificación de la regulación que se está preparando de cara al próximo año. Desde esta última firma aseguran que "las empresas están muy preocupadas y siguen con la idea del concurso desde el primer día de pandemia".
Por contra, desde otros despachos como Dentons opinan que los concursos crecerán con el fin de la moratoria pero no se producirá una avalancha como se espera desde hace meses, pues algunas empresas "morirán antes de agotamiento". El presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales también augura que después de tanto tiempo, "muchas empresas optarán simplemente por echar el cierre sin acudir a los mecanismos legales de concurso y disolución".
Gordillo (Abencys) cree que la extensión de los ERTE y las condiciones de devolución de los ICO frenarán la citada avalancha. No obstante, recuerda que "la evolución del PIB tiene un efecto histórico en los concursos" y, teniendo en cuenta que la economía española se está recuperando a un ritmo menor de lo que cabría esperar, "se prevé un aumento de los concursos en 2022".
