El Gobierno está estudiando que todos los autónomos tengan que hacer la declaración de la Renta y tengan más obligaciones formales con el fin de mejorar su información y poder aplicar el sistema de cotización según ingresos reales que prepara José Luis Escrivá. Así lo trasladan desde ATA al término de la nueva reunión que ha mantenido el Ejecutivo con los agentes sociales para la implantación de este polémico sistema, que ha acabado sin acuerdo.
Se trata de la creación de una nueva obligación formal, por la que todos los autónomos, independientemente de su renta y rendimientos, tendrían que presentar la declaración, incluidos los autónomos con ingresos por debajo 1.000 euros, ahora exentos de la obligación formal (lo que en el caso de los asalariados, se aplica para ingresos de más de 14.000 euros). A lo que se añadirían otras exigencias informativas. Esta iniciativa, para la que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se está reuniendo con la Agencia Tributaria (AEAT) implica que está reconociendo que no tiene la información necesaria para poner en marcha este sistema, o que la que tiene es inexacta, añaden desde la Federación de autónomos mayoritaria.
Estos movimientos no afectan de momento al sistema de módulos, para el que Hacienda ha creado una mesa de diálogo con los autónomos con el fin de impulsar el fin del sistema.
En todo caso, el sistema sigue siendo para ATA "muy complejo" y siguen a la espera de que se les proporcionen más datos. La próxima reunión será el lunes que viene, 31 de enero.
El nuevo sistema de cotización según ingresos reales que propone supondrá subidas de un 20% para la mitad del sector de aquí a 2031, por rebajas del 5% para el resto, según denuncia ATA, que pone de ejemplo que un autónomo que facture 2.300 euros al mes y no tenga gastos pagaría en 2031 el doble de cotización que ahora; o un periodista autónomo que facture 3.000 euros, el triple dentro de tres años. "Se trata de sustituir un sistema injusto por otro más injusto", ha denunciado. En este nuevo modelo de cotización, el Ministerio se encuentra con la dificultad de determinar qué son los ingresos reales, para lo que estipula los rendimientos netos topados, es decir, ingresos menos gastos más cotizaciones a la Seguridad Social sin poder incluir amortizaciones, con lo que siguen sin ser reales los ingresos.
El sistema beneficia por tanto a los autónomos societarios, con más capacidad de deducción. En los datos que esgrime el Gobierno de beneficiarios con ingresos bajos, incluye los que están por debajo de SMI, los no habituales, esporádicos, que han trabajado dos veces al año, por ejemplo, de los que dos tercios son contribuyentes, que están de alta en Hacienda pero no tienen por qué estarlo en la Seguridad Social, con lo que le sale una masa muy importante. A esto se añade que aunque van a pagar menos, van a tener prestaciones y pensiones mucho peores, si cotizan con base de 600 euros, casi la mitad del SMI, y tendrán derecho a pensiones muy bajas.
La propuesta de Upta
A pesar de estas reuniones con la AEAT, de momento en el último encuentro no ha estado en discusión el concepto de ingresos netos que maneja el Ministerio. En breve remitirán a los agentes sociales un texto legal sobre el que empezar a trabajar.
Por su parte, Upta ha hecho una propuesta en la linea de lo que dice la Confederación de UGT, sindicato afín. Consiste en que los plazos de la propuesta se rebajen de nueve años a seis. El primer año, 2023, tiene que ser el más fuerte. Es decir, sostienen que en 2023 se debería llevar a cabo que los que ahora pagan cuotas muy por encima de lo que les correspondería por sus ingresos ya vean disminuida la cuota de una manera muy notable. Al mismo tiempo, entienden que los que más cobran, empiecen a pagar más.
