La culpa de que millones de españoles empiecen a ahogarse con la inflación no es de Pedro Sánchez. Pero este Gobierno, y sus antecesores, son los responsables de que España esté sufriendo con más intensidad que sus vecinos una escalada de precios cada vez más insoportable. La crisis actual, desatada por el virus de Wuhan y avivada por la guerra en Ucrania, ha hecho aflorar de nuevo las debilidades de la economía española: falta de competencia en sectores clave como el energético, gasto público desorbitado, distorsiones del mercado de trabajo, deficiencias del sistema educativo... Una aleación de elementos que impacta directamente en la productividad y el nivel de competitividad de nuestras empresas. 

Ambos factores son clave en la formación de los precios en éste y en cualquier país. Los mismos precios que determinan la holgura del bolsillo de los hogares y los costes empresariales. Y, a juzgar por las cifras de Eurostat, España no ocupa la mejor de las posiciones. La estadística difundida este jueves reafirma que nuestro país sufre con más intensidad la inflación. En febrero ascendió al 6,2%, tres décimas más que la media europea y dos puntos por encima -esto es lo más preocupante- de Francia (4,2%) o Portugal (4,4%).  

La previsión a futuro tampoco es halagüeña. Alguno de los servicios de estudios que participan en el Panel de Funcas apuntan ya a una inflación media del 7,8% en 2022. La media de las previsiones de los economistas, publicada esta semana, asciende al 5,4%. Si nada cambia, nuestro país cerrará el año con el IPC más elevado de las grandes economías europeas. Esta variable trastocará completamente el ritmo esperado de crecimiento del PIB, por su impacto en el poder adquisitivo de los hogares -cuyos salarios se están revalorizando muy por debajo de la inflación- y en la salud de las empresas -cuyos márgenes se precipitan según ascienden los costes-.  Semejante escenario hace cada vez más incomprensible el retraso de las medidas del Gobierno y pone de relieve los males endémicos de nuestra economía.

Este martes, el presidente de Mercadona, Juan Roig, aludió a la escalada del IPC con una reflexión llamativa: "Los salarios no tienen por qué ser inflacionistas". Lo decía el dueño de la empresa con la plantilla más grande de España (96.000 empleados, todos fijos), que mejoró un 6,5% las nóminas en 2021. El empresario, que no da puntada sin hilo, aludió al factor clave: "Lo importante es la productividad". 

Precios y productividad

Que los convenios se estén firmando estos días con subidas próximas al 2% refleja un hecho evidente: buena parte de las empresas españolas no son lo suficientemente ‘productivas’ para seguir la senda de Mercadona. ¿Por qué? “Los avances de la productividad total de los factores sigue siendo más reducida que los registrados en otras economías desarrolladas”, admitía el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en un discurso pronunciado el 14 de enero de 2020. Es decir, sólo un mes antes del inicio de la pandemia que asoló de manera súbita la economía mundial. 

Los niveles de productividad de nuestra economía ya dejaban mucho que desear antes de la Covid. Y eso que el rumbo se había enderezado tras la crisis financiera de 2008. Entre ese año y 2019, los costes laborales unitarios en España se redujeron un 14%. Las empresas se hicieron más competitivas gracias a la moderación salarial, a la mejora de las condiciones financieras y "a las sucesivas modificaciones del marco laboral acometidas durante la crisis, que resultaron eficaces para impulsar la recuperación del empleo", apunta el Banco de España, en clara referencia a la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. La mejoría se hizo notar rápidamente en las exportaciones, que cogieron el relevo de la construcción como motor del PIB. Entre 2009 y 2020, incrementaron su peso sobre el PIB desde el 23,1% al 34,9%. 

Sin embargo, la economía española sigue rezagada en los rankings que sirven de guía a los inversores internacionales. En el Global Competitiveness Report, aparece en el puesto 23. Una posición incoherente con el tamaño del PIB, el cuarto más grande de la UE y el decimotercero del mundo. Algo falla. Nuestra competitividad "es superior a la de países con niveles de renta inferiores, pero está alejada aún del grupo de países más avanzados, como Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Países Bajos, Reino Unido o los países nórdicos", lamenta el Círculo de Empresarios. 

En un amplio estudio titulado 'Mejorar la competitividad para acelerar la recuperación', la institución identifica nuestras sempiternas debilidades: "La calidad de las instituciones, el entorno macroeconómico (medido básicamente por la dinámica de la deuda), la formación, el mercado de trabajo y el dinamismo del sector empresarial". Otro de los indicadores más claros es el escaso peso de la industria, "generador de empleo estable y de calidad", que representa en torno al 15% del PIB, tres puntos por debajo de la media europea. 

 El escenario actual hace cada vez más incomprensible el retraso de las medidas del Gobierno y pone de relieve los males endémicos de nuestra economía.

El Banco de España coincide en el diagnóstico de Círculo de Empresarios y habla de "multiplicidad de factores institucionales, regulatorios y estructurales que las políticas públicas deben aspirar a corregir". La institución habla de "deficiencias en el mercado de trabajo y en el sistema educativo, un escaso grado de generación y difusión de los avances tecnológicos o la existencia de elementos regulatorios que frenan la competencia". Por eso, el gobernador sigue insistiendo una y otra vez en la necesidad de hacer reformas estructurales que hagan más competitivos nuestros productos. 

En aquel discurso de 2020, Hernández de Cos reclamaba "el saneamiento de las cuentas públicas, al objeto de dotar a la política presupuestaria de margen de actuación ante futuras perturbaciones negativas". Un mes más tarde, los españoles estaban confinados por una pandemia que les llevaría a la recesión y que acabaría allanando el terreno para una guerra en Europa. Perturbaciones con mayúsculas contra las que España sigue indefensa. 

"La vía de ajuste menos dañina es la de la reducción del gasto, ya que se liberan recursos económicos que son invertidos de manera más eficiente y eficaz por el sector privado, generando beneficios a medio y largo plazo en términos de actividad y empleo", coincide el Instituto de Estudios Económicos. En su Libro Blanco para la Reforma Fiscal, recuerda otros factores que actúan de lastre para la competitividad. Antes de la pandemia, las empresas aportaban el 31,9% del total de los ingresos públicos, frente al 24,6% de media en la UE. "En 2020, la cuña fiscal en España fue del 39,3%, muy superior al promedio de la OCDE, que situó en el 34,6%", señala el riguroso trabajo liderado por Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo. 

Con la batería de la productividad a media carga, resulta titánica la tarea de actualizar los salarios con los precios

El IEE añade otro dato: las cotizaciones que paga el empleador suponen el 23% del coste laboral total, frente al 13,3% de media en la OCDE. Y recuerda la cantidad de trabas burocráticas, tasas e impuestos -con los autonómicos medioambientales a la cabeza- que dificultan el día a día de empresas y autónomos.

Tantas piedras hacen intransitable el camino a quienes generan actividad, condenados a eludir en inferioridad de condiciones crisis como la actual. Con la batería de la productividad a media carga, resulta titánica la tarea de actualizar los salarios con los precios. Tal impotencia genera un círculo vicioso, que empieza con la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y deriva en una caída de la demanda, que retrae las ventas de las empresas asfixiadas desde el inicio por la misma subida de precios. La órbita se cierra con pocos ganadores y muchos perdedores, víctimas de la inacción de quienes ven en la política un medio de vida y no un fin.