Se quedarán sin saber si figuran en las grabaciones telefónicas realizadas en el marco de las investigaciones del caso Lezo. Aquellos que conversaron por teléfono con Juan Miguel Villar Mir "que no siendo parte en el procedimiento hayan sido grabados en algún momento" no serán notificados por las autoridades. "Resulta un esfuerzo desproporcionado", según consta en un auto del juez Manuel García-Castellón al que ha tenido acceso Vozpópuli en el que se advierte de que se usarán las escuchas para otras investigaciones.
La decisión del magistrado llega después de que los abogados del dueño de OHL presentaran en septiembre una querella en su contra ante el Tribunal Supremo. Le acusaban de un supuesto delito de prevaricación por haber autorizado pinchazos entre el empresario y los letrados. Finalmente, en febrero, el Alto Tribunal inadmitió a trámite la acción judicial al no apreciar ninguna infracción penal en las intervenciones.
Ahora, el juez García-Castellón determina qué pasará con dichas grabaciones. En el auto, con fecha 11 de abril, avisa de que el contenido de las llamadas telefónicas "podrá ser utilizado como medio de investigación o prueba en otro proceso penal".
Según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "se procederá a la deducción de testimonio de los particulares necesarios para acreditar la legitimidad de la injerencia" para que posteriormente el magistrado informe si las diligencias continúan declaradas secretas y avise el momento en el que se levante el secreto.
Nuevos casos
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional asegura que dada la complejidad y a la cantidad de investigados en el caso Lezo, la individualización y notificación de todas las conversaciones a terceros no está al "alcance racional de la capacidad" del equipo jurídico.
En este sentido, acuerda la "no notificación" a terceros intervinientes a los que se les haya grabado las comunicaciones. Además de hacer referencia al "esfuerzo desproporcionado", García-Castellón apunta que dichas notificaciones podrían "perjudicar futuras investigaciones".
A principios de abril se dio a conocer que el magistrado investigaba en una pieza secreta del caso Lezo las presuntas mordidas de la constructora OHL en varios puntos de España, según confirmaron fuentes del caso a este periódico. Tal y como adelantaron El Independiente y El Confidencial, el juez analiza ya varios contratos de obra pública en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid, que podrían haber sido amañados previo pago de comisiones ilegales por un valor de unos 40 millones de euros.
