El gremio del taxi en Madrid y Barcelona ha endurecido su pulso a las instituciones. Por medio de una huelga indefinida y protestas, los taxistas están causando cortes y colapsos en varios puntos estratétigos de las dos ciudades. Reclaman a sus respectivos gobiernos medidas regulatorias para evitar la competencia desleal que ejerce hacia a ellos, según su versión, el sector VTC.
Liberalización de licencias
Estas movilizaciones no son sino la punta de iceberg de una larga batalla entre los taxistas y servicios VTC como Uber o Cabify. El foco inicial del conflicto se remonta al 2009. Ese año el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley Omnibús, mediante la que liberalizaba las licencias VTC, en respuesta a la Directiva Bolkestein de la UE, que exigía la liberalización del sector servicios. Hasta ese momento, regía en España el criterio de una licencia VTC por cada 30 de taxi, una proporción que aparecía recogida en una norma anterior de 1987.
A pesar de la iniciativa de Zapatero, muchas comunidades autónomas rechazaron la autorización de nuevas VTC alegando que la proporción 1/30 anterior a 2009 seguía vigente. Aún así, los tribunales dieron la razón a los solicitantes de este tipo de licencias.
Ante las presiones del taxi, que exigían volver a la relación 1/30, el Gobierno del Partido Popular cedió finalmente a sus exigencias. Mariano Rajoy cambió así en 2013 la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOOT) y, en noviembre de 2015, aprobó un Real Decreto para establecer de nuevo esta proporción.
En España hay 12.463 licencias de VTC frente a 65.781 licencias de taxi. Es decir: 4,3 VTC por cada 30 taxistas.
El conflicto estaba, en cambio, lejos de solucionarse, porque aquellos que solicitaron licencias entre 2009 y 2013 reclamaron por vía judicial que tenían derecho a seguir usándolas. Ante la avalancha de reclamaciones, el Tribunal Supremo se pronunció sobre este asunto en junio de 2018, y avaló el límite de una licencia de VTC por cada 30 de taxi para "asegurar el mantenimiento de éste como servicio de interés general". Sin embargo, el tribunal se refería a la concesión de nuevas licencias solicitadas tras la entrada en vigor del Real Decreto firmado por Rajoy, y no a las anteriores.
Esta situación ha provocado que la proporción 1/30, en la práctica, no se cumpla. Si atendemos a los datos entregados por Fomento en noviembre de 2018, en España hay 65.781 licencias de taxi, frente a las 12.463 licencias de VTC. Siguiendo esta proporción, actualmente hay 4,3 VTC por cada 30 taxis.
Competencias de autonomías
En septiembre de 2018, se ha vivido el último capítulo de este largo proceso. El Gobierno firmó entonces un real decreto ley por el que cedía la competencia en materia de licencias VTC a las comunidades autonomías, habilitando, eso sí, un proceso transitorio de cuatro años. Esto no ha hecho sino añadir más leña al fuego.
El ministro de Fomento José Luis Abalos aseguró que el Gobierno pretende así limitar las VTC en aquellas ciudades donde no se cumple la exigencia legal. En virtud de la norma, Uber y Cabify deberán contar, de este modo, con una segunda licencia autonómica o municipal para seguir realizando trayectos urbanos, y las autonomías pueden restringir su actividad en las ciudades donde no se cumple la proporción de un VTC por cada 30 taxis.
El Ministerio de Fomento trasladó así a las comunidades la 'patata caliente' del conflicto, y las empresas VTC amenazaron con pleitos millonarios si se vulneran sus derechos. La decisión del Gobierno tampoco ha satisfecho a los taxistas, tal y como ha quedado demostrado en estas movilizaciones.
