El Gobierno dará más poderes a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que controle y sancione a los bancos si repercuten a sus clientes el impuesto a la banca que ultima. Así lo trasladan fuentes de Hacienda, que insisten en que la propuesta de Podemos de reformar el Código Penal para crear un delito penado con diez años de cárcel no se va a tener en cuenta. El Ejecutivo avanza con su plan de que la CNMC vigile que tanto este impuesto como el de las energéticas no sean trasladados a los consumidores.
En el caso del impuesto a las energéticas, se trata de un sector que ya controla la CNMC y el Gobierno se mira además en el precedente del impuesto a las eléctricas italiano, en vigor desde abril.
La novedad aparece con el impuesto a la banca, un sector que no escapa al escrutinio de Competencia pero que tiene unas características y regulación propias. El Gobierno rechaza sin embargo que sea controlado por el Banco de España o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y está diseñando la fórmula para que sea la CNMC la que lo vigile.
Con este fin, se trabaja en darle más poderes y en la creación de una oficina o departamento en el seno de la CNMC que se dedique a este cometido, explican las fuentes citadas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 12 de julio en el Debate sobre el Estado de la Nación la creación de un impuesto a la banca para recaudar 3.000 millones de euros en dos años, que se sumaba al ya anunciado a las energéticas, que pretende reunir 4.000 en el mismo periodo.
Lo único que se ha conocido a partir de entonces del impuesto a la banca es que la CNMC controlará, como en el de las energéticas, que no se repercuta, y que afectará a empresas con una facturación de más de 1.000 millones.
El propio Sánchez ya anunció el 25 de junio tras el Consejo de Ministros extraordinario que prorrogó y amplió las medidas de choque contra la guerra que los Grupos Socialista y de Podemos registrarían el impuesto a las energéticas en una proposición de ley en el Congreso "en las próximas semanas".
Los morados no tenían noticia hasta ahora del texto, al que se sumará el del impuesto a la banca. A la espera de ver que los de Podemos acepten el texto que planteen los socialistas, de momento su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, insiste en la propuesta de la ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de la formación, Ione Belarra, de crear un nuevo "delito fiscal" penado con hasta diez años de cárcel para directivos de energéticas y entidades financieras que repercutan los nuevos impuestos sobre los precios que abonan a sus clientes.
"El Código Penal no debe modificarse con este fin", trasladan desde Hacienda. No entienden la propuesta de los morados, cuando lo que ahora se negocia es una ley ordinaria que crea los impuestos, norma que nunca podría modificar una ley orgánica. El Código Penal no es lugar para sancionar a empresas por comportamientos que afectan a los mercados, ha planteado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Máxima incertidumbre
La incertidumbre entre los banqueros españoles por el impuesto es máxima. Incluso el sector echa en falta una reacción contundente por parte del BCE contra los planes del Gobierno, sin que se descarte que emita una opinión de oficio cuando se conozca la letra pequeña. El supervisor único teme que la tasa pueda dañar la solvencia del sector financiero español y frene la concesión de crédito. También advierte de que puede impactar en la capacidad de alguna entidad para pagar dividendos a sus accionistas.
Los principales banqueros se reunieron la semana pasada con Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, que se limitó a dar las razones por las que el Gobierno planea recaudar 3.000 millones entre 2023 y 2024 por el nuevo gravamen. En el sector se considera que esa cita, a la que acudieron también la patronales y el gobernador del Banco de España, fue meramente política.
Las entidades han pedido al Gobierno celeridad para concretar el impuesto. De momento, barajan varias alternativas, como que se aplique sobre el tamaño por activos y salarios, el nivel de ingresos típicos (margen de intereses y comisiones) o sobre las cuotas de mercado. Las estimaciones, según señalan fuentes próximas a los bancos, dependiendo del criterio varían en cientos de millones.
